JUICIO A LA FAMILIA PUJOL: HACIENDA DETECTA POSIBLE PRESCRIPCIÓN DE DELITO FISCAL
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Una inspectora de la Agencia Tributaria, al analizar la contabilidad de las empresas de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat, ha concluido que el año 2008, incluido en la acusación por fraude fiscal, podría estar prescrito.
Esta declaración se produjo en el marco del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra el expresidente Jordi Pujol, sus siete hijos, su exesposa Mercè Gironès, y ocho empresarios, acusados de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública.
Posible prescripción y análisis de las obligaciones tributarias
La perito indicó que, según los datos disponibles, en 2008 Pujol Ferrusola, como persona física, habría evadido una cuota de 89.244 euros, mientras que las empresas Imisa y Project Marketing habrían eludido 55.162 y 4.375 euros respectivamente. No obstante, consideraron que, a efectos penales, las deudas de ese año podrían haber prescrito.
La inspectora analizó las obligaciones tributarias de las empresas Iniciatives Marketing i Inversions S.A. (IMISA) y Project Marketing entre los años 2008 y 2011.
Dudas sobre la realidad de los servicios facturados
Los inspectores de Hacienda han expresado dudas sobre si las facturas emitidas por las empresas de Jordi Pujol Ferrusola correspondían realmente a servicios de asesoramiento e intermediación. Sospechan que algunos empresarios acusados de pagarle lo hacían para cooperar en el blanqueo de la fortuna oculta de la familia en Andorra.
Los peritos señalaron que detectaron ingresos en las cuentas de estas empresas que, en realidad, deberían haber sido declarados por Jordi Pujol Ferrusola como persona física, ya que correspondían a servicios prestados de manera “personalísima”.
Ejemplos de facturas bajo sospecha
Se mencionaron facturas emitidas por las sociedades de Jordi Pujol Ferrusola y pagadas por empresas investigadas como Copisa e Isolux por servicios de intermediación y asesoramiento en operaciones como la compraventa de un club de golf en Ronda, la ampliación de la refinería del puerto de Cartagena y proyectos de plantas solares en Alcázar de San Juan, así como intentos de introducir empresas en países como México y Gabón.
La Fiscalía sostiene que estos pagos eran una contraprestación por el favorecimiento de la familia Pujol a dichas empresas en la adjudicación de concursos públicos en Cataluña.
Falta de documentación justificativa
La inspectora declaró que se solicitó documentación a las empresas de Pujol Ferrusola, como actas de reuniones, correos electrónicos o contratos, que demostrara la realidad de los servicios de asesoramiento e intermediación facturados. Sin embargo, “no se aportó” nada, salvo algunos contratos proporcionados por las empresas que realizaron los pagos.
La inspectora también señaló que las empresas de Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironès compartían una única oficina y solo tenían una persona empleada, lo que generó sospechas sobre la autenticidad de los pagos.
Aclaraciones sobre el informe de 2015
La inspectora aclaró que, al realizar su informe en 2015, contaban con la confirmación de las empresas pagadoras de que los pagos se habían realizado y no tenían pruebas concretas que lo desmintieran, ya que la investigación judicial aún no había avanzado. Desconocían entonces que representantes de algunas empresas que participaron en esos proyectos negaban la intermediación de Pujol Ferrusola.
Aunque le pareció extraño que Pujol Ferrusola llegara a cobrar más de un millón de euros por intermediar y asesorar en algún proyecto, añadió: “Si nadie me aporta algo que demostrara que esa operación no era real, para mí era válida, y si alguien hubiera dicho otra cosa, habríamos adoptado otro criterio”.
Cuotas a pagar en ejercicios posteriores
La inspectora indicó que, en ejercicios posteriores, la cuota resultante a pagar para Pujol Ferrusola fue de 135.951 euros para 2009, 19.137 para 2010 y 16.232 para 2011. Para IMISA, las cuotas fueron de 45.655, 113.824 y 70.092 euros, respectivamente, mientras que para Project Marketing resultó una devolución de 38.468 euros en 2009 y 887 en 2010, quedando 2011 en cero.
Acusación fiscal y cantidades supuestamente defraudadas
En su escrito de acusación, el fiscal, basándose en informes periciales y la investigación policial, señala que Pujol Ferrusola dejó de ingresar a Hacienda 554.198 euros en 2007, 1.358.428 en 2008, 1.727.183 en 2009, 2.122.454 en 2010 y 836.236 en 2012, lo que suma un total de 6.598.799 euros.
