
Italia rechaza en referéndum la reforma judicial de Meloni, asestando un golpe político a su Gobierno
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El electorado italiano ha rechazado la controvertida reforma judicial impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni, según los resultados preliminares del referéndum constitucional celebrado durante dos días. El “NO” a la reforma se impuso con un 53,6% de los votos, frente al 46,3% obtenido por el “SÍ”, opción defendida por el Ejecutivo.
Este resultado representa un revés para uno de los proyectos estrella de Meloni y se interpreta como un termómetro de su popularidad de cara a las elecciones de 2027.
Debate sobre la reforma
Meloni defendía la reforma como una medida para modernizar la Justicia, mientras que la oposición y la mayoría de los juristas se opusieron al plan, argumentando que representaba un peligroso intento de ejercer control político sobre el poder judicial y una amenaza a la separación de poderes.
La participación en el referéndum fue alta, cercana al 59% de los 51,4 millones de italianos convocados a votar. La consulta no requería una participación mínima para que el resultado fuera válido.
Reacciones y contexto político
El rechazo a la reforma supone uno de los mayores tropiezos para la coalición de gobierno de Meloni en sus más de tres años en el poder, y representa un triunfo simbólico para los partidos de centro-izquierda, que se opusieron a la reforma e impulsaron activamente la campaña por el “NO”.
En los días previos a la votación, la campaña se intensificó en un ambiente de polarización, con una parte importante de la ciudadanía que no comprendía los detalles técnicos de la reforma y votó en función de su apoyo o rechazo al gobierno de Meloni.
Algunos votantes expresaron su confusión sobre la reforma, mientras que otros defendieron la necesidad de un cambio para el futuro de Italia. También hubo quienes votaron “NO” por temor a una concentración excesiva de poder en manos del Gobierno y una deriva autoritaria.
Reforma ya aprobada en el parlamento
La reforma judicial había sido aprobada en el Parlamento con la mayoría de votos de la coalición gobernante, pero no obtuvo el apoyo de dos tercios de la Cámara, necesario para medidas que introducen modificaciones constitucionales. Por esta razón, se sometió a referéndum.
Según los expertos, el referéndum fue una prueba política para medir las fuerzas de Meloni y calibrar sus apoyos de cara a las próximas elecciones generales. La primera ministra ya había anticipado que no dimitiría en caso de perder la consulta.
Oposición de la judicatura y otros sectores
Además de los partidos de oposición, la reforma también fue rechazada por sindicatos y gran parte de la judicatura, que la considera una amenaza a la independencia judicial. La Asociación Nacional de Magistrados se opuso a la reforma por considerarla una vía potencial para “crear un poder judicial dócil y sumiso” que debilita el Estado de derecho.
Meloni defendió la reforma apelando a una Justicia “más moderna, meritocrática, autónoma, responsable” y “libre de condicionamientos políticos”.
La reforma judicial preveía, entre otros cambios, la separación de las carreras de jueces y fiscales, la división del Consejo Superior de la Magistratura en dos órganos distintos y el sorteo para designar a miembros de estos organismos. Los críticos argumentaban que estas medidas podrían debilitar la independencia judicial y aumentar el control político sobre los tribunales.












