Imputado por prevaricación el firmante de los 'protocolos de la vergüenza' de las residencias madrileñas
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Un juez de Getafe ha imputado por un delito de prevaricación a Carlos Mur, ex director de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Se le investiga en relación con los conocidos como ‘protocolos de la vergüenza’, que presuntamente impidieron la derivación de ancianos desde las residencias a hospitales de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de COVID-19.
El instructor, Luis Carlos de Isidro, considera que su juzgado es competente para admitir la ampliación de denuncia presentada por el PSOE, acotando la investigación “a la orden que se hubiera transmitido al Hospital de Getafe y a la Residencia Geriátrica Los Ángeles”. También extiende su competencia a la participación que en ese asunto hubiera tenido Francisco Javier Martínez Peromingo, otro ex alto cargo sanitario de Isabel Díaz Ayuso.
El juez matiza que la investigación general del delito de prevaricación que pretende el PSOE “excede claramente” su competencia, considerando “improcedente” parte de la ampliación de la denuncia.
Investigaciones en curso
Varios juzgados madrileños tienen causas abiertas contra ex altos cargos de la Comunidad de Madrid por estos protocolos. Se espera un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la posible unificación de estas causas en una sola.
Mur, firmante de las distintas versiones de los ‘protocolos de la vergüenza’, establecía quién podía o no ser trasladado a un hospital desde las residencias públicas, frenando la derivación de dependientes, salvo aquellos con seguro privado o que vivían en su casa.
Fue destituido dos meses después de la implementación de los protocolos, tras surgir denuncias de familiares. En otro procedimiento, declaró haber “coordinado, revisado, firmado y enviado” los documentos a la viceconsejera de Sanidad, argumentando no ser su autor.
Martínez Peromingo, sustituto de Mur, era geriatra en hospitales gestionados por Quirón. Mur lo identifica como autor de borradores de los protocolos, aunque Peromingo reconoce su papel pero señala a Mur como responsable de posibles elementos discriminatorios.
En julio de 2023, Peromingo dejó el gobierno regional para ser jefe de Geriatría de la Fundación Jiménez Díaz, perteneciente a Quirón.
Solicitud de investigación
En la ampliación de la denuncia, el PSOE solicita ejercer la acusación popular, argumentando que los hechos podrían constituir un delito de denegación de prestación sanitaria por motivos discriminatorios y prevaricación administrativa.
“Se debe investigar adecuadamente si las órdenes por las que se aprobaron los protocolos respecto de la hospitalización de personas con discapacidad y ancianos enfermos con COVID-19 durante la pandemia y que se aplicaron tanto en los hospitales como en las residencias de personas mayores, así como las decisiones de medicalizar las residencias para atenderlos que nunca se llegaron a materializar, pudieran ser constitutivos de otros delitos, en concreto el de prevaricación”, explica el PSOE.
El PSOE menciona el informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de la Comunidad de Madrid, que concluyó que “muchas de las personas fallecidas durante la pandemia del Covid-19 y que se encontraban ingresadas en residencias dependientes de la Comunidad de Madrid fueron víctimas no sólo de la enfermedad que acabó con sus vidas y la situación de pandemia general sino de las decisiones y protocolos que no contribuyeron a su salvación y que pudieron influir en su resultado fatal o incluso haber anticipado el hecho o haber aumentado el daño por falta de cuidados paliativos adecuados en una residencia”.
Entre marzo y abril de 2020, fallecieron 9.470 personas en residencias de Madrid, 7.291 sin atención hospitalaria y 2.179 en el hospital. Los responsables sanitarios “establecieron unos protocolos de los que podrían derivarse responsabilidades penales” pues se aprobaron pese a que existían evidencias de las posibles consecuencias discriminatorias.
El PSOE incide en que los protocolos se adoptaron “de manera arbitraria y con conocimiento de su injusticia”, constituyendo una “absoluta ilegalidad” que atentó contra el derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación.
