El PSOE y la derecha se unen para endurecer las penas por multirreincidencia, mientras Junts mantiene su rechazo al decreto de vivienda
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El PSOE volverá a sumar sus votos a los del PP, Vox y Junts este jueves para aprobar definitivamente la ley de multirreincidencia, una medida que endurecerá las penas por hurtos menores reiterados. Esta reforma del Código Penal, largamente demandada por los independentistas catalanes, no ha servido para que Carles Puigdemont y su partido reconsideren su postura de bloqueo al Gobierno.
Aprobación inminente de la ley de multirreincidencia
Tras superar el trámite en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, el Congreso se pronunciará este jueves sobre las enmiendas introducidas. Aunque se rechacen, la reforma del Código Penal para castigar con mayor severidad los hurtos reiterados entrará en vigor el viernes.
El PP, aprovechando su mayoría en el Senado, ha introducido enmiendas que buscan endurecer el texto y dificultar la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno. En concreto, los populares quieren modificar la ley de extranjería para exigir una certificación oficial de antecedentes penales a los solicitantes de regularización, en lugar de una simple declaración responsable. También han aceptado una enmienda de Vox para garantizar la expulsión de los delincuentes extranjeros condenados en España.
La enmienda relativa a los requisitos para la regularización de inmigrantes irregulares tiene visos de prosperar, ya que Junts tiene previsto votar a favor de la misma. Si los independentistas mantienen su postura, su apoyo, sumado al de PP y Vox, sería suficiente para incluir esta medida en la ley de multirreincidencia, lo que podría obstaculizar el proceso de regularización.
Debate interno en el PSOE y presión del PSC
En el seno del PSOE se reconoce que la ley de multirreincidencia estuvo paralizada durante la primera mitad de la legislatura debido a un profundo debate interno. El texto de los independentistas catalanes asume postulados punitivistas en relación con delitos menores, lo que generaba discrepancias con los socios de izquierda del Gobierno, a excepción de ERC, que se ha abstenido en varias etapas de la tramitación.
Finalmente, la necesidad de contentar a Junts y el interés del PSC de Salvador Illa en que la medida saliera adelante inclinaron la balanza. Varios alcaldes socialistas de Cataluña defendieron la reforma en el Congreso, argumentando que se trata de una demanda recurrente en los ayuntamientos catalanes. El PSC también ha presentado una enmienda para endurecer las penas por el robo de energía eléctrica destinada a los narcopisos.
Junts mantiene su rechazo al decreto de vivienda
Tras las tensiones en el Consejo de Ministros, el Gobierno asume que es prácticamente imposible obtener el respaldo de Junts al decreto que prorroga los contratos de alquiler. El presidente Pedro Sánchez ha reconocido en varias ocasiones que el Ejecutivo no cuenta con el apoyo del Congreso para esta medida.
La negativa de Junts a apoyar cualquier medida que proteja a los inquilinos frente a los propietarios ha generado un debate interno en el seno del Gobierno. Sumar, la formación liderada por Yolanda Díaz, apuesta por movilizar a los colectivos sociales y sindicales para presionar a los independentistas catalanes y elevar el coste político de su rechazo al decreto de vivienda.
