Investigan a funcionarios por el derrumbe mortal de la pasarela en Santander
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La jueza encargada del caso del accidente en la pasarela de la playa de El Bocal en Santander, donde fallecieron seis personas, ha decidido dirigir la acción penal contra dos funcionarios de la Demarcación de Costas en Cantabria. La magistrada considera que la administración central es la “única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento” de la estructura.
Específicamente, la investigación se centra en el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas y en el director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014, quien actualmente ocupa el cargo de jefe de la Demarcación.
En un auto, susceptible de recurso, se declara a la Demarcación de Costas en Cantabria como posible responsable civil, al ser la única responsable del mantenimiento de las obras ejecutadas dentro del proyecto de la senda peatonal, al tratarse de “obras no finalizadas”. La jueza señala “serios indicios de la existencia de un posible actuar negligente en el mantenimiento de la pasarela”.
Costas, único responsable del mantenimiento
La decisión de investigar a los funcionarios se basa en la documentación aportada por la Administración central y el Ayuntamiento de Santander. La jueza concluye que las obras de ejecución de la senda peatonal no han finalizado.
Las obras iniciadas en 2012 se paralizaron debido a la resolución del contrato con la empresa adjudicataria. Un segundo proyecto de finalización de 2016 ni siquiera fue aprobado. El compromiso del Ayuntamiento de Santander de hacerse cargo del mantenimiento estaba condicionado a la finalización de las obras.
La magistrada subraya que la Demarcación de Costas era “muy consciente de tal deber de conservación y mantenimiento”. Un informe de mayo de 2024 advertía sobre el mal estado de ciertas maderas, lo que motivó una reparación meses después, que incluyó la pasarela siniestrada.
Posible negligencia en el mantenimiento
Aunque se ha solicitado un informe pericial sobre aspectos técnicos, la jueza considera que existen “serios indicios de la existencia de un posible actuar negligente en el mantenimiento de la pasarela”.
La jueza basa esta conclusión en el acta de inspección de la Policía Científica, que señalaba la completa oxidación de los elementos metálicos de la estructura. El único mantenimiento documentado, realizado diez años después de la construcción, se limitó a la estructura de madera. “A nuestro juicio, ha podido resultar insuficiente, concurriendo serios indicios de negligencia en ello”, argumenta la magistrada.
Por tanto, se ha ampliado el objeto del informe pericial para determinar si la reparación de julio de 2024, que intervino exclusivamente sobre la estructura de madera, fue suficiente.
“Procede, pues, investigar la actuación de aquellas personas que, por el cargo que ostentaban y ostentan, pueden tener responsabilidad directa en su deber de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de la pasarela”, concluye la magistrada.
El Ayuntamiento debe precintar
El auto también advierte que, aunque el mantenimiento corresponda a Costas, el Ayuntamiento de Santander tiene la potestad de policía administrativa en materia de seguridad en espacios accesibles al público.
Ante un riesgo detectado, el Ayuntamiento debe acotar, señalizar o precintar el área, incluso si la infraestructura corresponde a otra administración, especialmente si promovía la zona en rutas turísticas. La jueza considera “relevante y necesario conocer si, en la fecha del siniestro, el deterioro de la pasarela era visible y en qué grado”.
Para clarificar este punto, la magistrada ha solicitado a la Policía Judicial que recabe “material probatorio sobre el estado que presentaba para cualquier ciudadano la pasarela días o semanas antes del siniestro, en forma de fotografías anteriores al derrumbe y testimonios de personas que frecuentaran la misma”.
También se tomará declaración a una vecina miembro de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte, identificada tras una solicitud de la magistrada para recabar quejas sobre la pasarela. Esta vecina testificará el próximo 27 de marzo, después de los ciclistas que avisaron del accidente, el vecino que llamó al 112, la operadora que recibió la llamada, la agente de la Policía Local y los agentes que realizaron la inspección ocular.
