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El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha abordado las investigaciones en curso sobre el accidente ocurrido el pasado 3 de marzo en la pasarela de El Bocal. La jueza encargada del caso ha decidido investigar a dos funcionarios de la Demarcación de Costas, señalando a esta entidad como la “única administración responsable del mantenimiento” de la estructura.

Ante esta situación, Casares ha manifestado que el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) considera que la responsabilidad del mantenimiento recaía en el Ayuntamiento de Santander.

Según el Miteco, durante la construcción de la pasarela, el Ayuntamiento solicitó la paralización de las obras. Ahora, argumentan que una vez finalizada la primera fase de la senda costera y entregada una parte de la obra, su mantenimiento pasó a ser competencia municipal.

No obstante, el delegado del Gobierno ha reconocido que el auto inicial de la jueza “apunta en otra dirección”, pero confía en que el procedimiento judicial, tras el análisis de la documentación y la finalización del informe pericial, aclarará este punto.

Respeto al proceso judicial y búsqueda de responsabilidades

Pedro Casares ha expresado su máximo respeto por el proceso judicial y ha enfatizado la importancia de “esclarecer todos los hechos y todas las responsabilidades, sean de quien sean”.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de llegar “hasta el final” por respeto a las víctimas y sus familias.

La decisión de que la Dirección General de Costas se persone en la causa se debe a la investigación de dos funcionarios de este organismo. Casares ha explicado que “parece razonable que tengas acceso en calidad de una administración con una posible responsabilidad civil”, estableciendo un paralelismo con la personación del Ayuntamiento de Santander cuando se investigó a una agente de la Policía Local.

Énfasis en la responsabilidad municipal

El delegado del Gobierno ha abogado por que las investigaciones no se limiten a individuos específicos, sino que se depuren todas las responsabilidades.

En cuanto a la seguridad de las infraestructuras, ha afirmado que es una competencia municipal, un aspecto que, según él, también “insiste la magistrada en su auto”. Ha mencionado la reciente colocación de señalización y vallas por parte del Ayuntamiento en varios puntos como prueba de que el consistorio es el competente para garantizar la seguridad en todo el término municipal.

Las declaraciones de Casares sugieren un intento de trasladar la responsabilidad al Ayuntamiento de Santander, después de que la jueza señalara en otra dirección.

La determinación de las fases de la obra en la senda costera de El Bocal será un aspecto clave que deberá dilucidar la jueza en el curso de la investigación.