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Una posible clave de la próxima regularización extraordinaria de migrantes en España ha sido revelada por el abogado Rafael Serrano. Según un borrador de la normativa, los expedientes de arraigo ya presentados podrían ser aprobados de forma automática. Esta medida beneficiaría a solicitantes de arraigo sociolaboral, social y de formación, según explicó el letrado a través de su cuenta de Instagram. La única excepción serían aquellos casos que cuenten con antecedentes penales.

Aprobación Generalizada Incluso sin Cumplir Requisitos

Serrano detalló que esta aprobación generalizada se aplicaría incluso si el expediente no cumplía con todos los requisitos económicos exigidos en su momento, como la solvencia del empleador en el arraigo sociolaboral.

Esto se debe a que la nueva regularización simplificaría las condiciones de forma notable. El abogado, no obstante, llama a la cautela, recordando que se trata de un borrador. Se espera que el texto definitivo reciba la aprobación del Consejo de Ministros a finales de marzo, para luego ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Marco del Acuerdo Político

Este cambio se produce en el marco del acuerdo entre el Gobierno y Podemos para impulsar una regularización extraordinaria que podría beneficiar a aproximadamente medio millón de personas. Dicho acuerdo se implementará a través de un real decreto, evitando su tramitación parlamentaria en el Congreso.

Requisitos para Acogerse a la Regularización

Para poder acogerse al proceso, los solicitantes deberán demostrar una estancia mínima de cinco meses en España y carecer de antecedentes penales relevantes.

Entre las pruebas de estancia aceptadas se encuentran el padrón, informes médicos o contratos de suministros. La presentación de la solicitud suspenderá cualquier procedimiento de expulsión en curso y, una vez admitida, otorgará el derecho a trabajar legalmente y a recibir asistencia sanitaria.

Origen en una Iniciativa Legislativa Popular

La decisión del Ejecutivo tiene su origen en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que comenzó en 2021 y logró reunir más de 600.000 firmas. Esta ILP fue impulsada por alrededor de mil organizaciones de la sociedad civil, con una fuerte presencia de entidades de la Iglesia, como Cáritas, la Conferencia Española de Religiosos o el departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal.

Consenso Social y Necesidad Demográfica

Jorge Serrano, coordinador de la ILP, afirmó que la propuesta llevaba un año y medio paralizada en el Congreso a pesar del apoyo de casi todos los grupos, con la excepción de VOX. Según su relato, el acuerdo del Gobierno se produjo justo cuando la comisión parlamentaria se preparaba para aprobar su envío al Senado.

El coordinador defendió el amplio consenso social en torno a la medida, argumentando que “esta regularización extraordinaria de personas migrantes es beneficiosa para el país, está en consonancia con la dignidad de cientos de miles de personas”.

Desde Podemos, Irene Montero calificó el acuerdo como una victoria frente al odio: “El racismo se responde con derechos”.

Uno de los principales puntos de debate, el posible efecto llamada, ha sido descartado por los promotores de la ILP. Jorge Serrano sentenció que este es “nulo”, ya que la medida tiene carácter retroactivo al 31 de diciembre de 2025 y no facilita la llegada de nuevos migrantes. Más allá del enfoque humanitario, la medida también responde a una necesidad demográfica.

Beneficios Económicos y Laborales

Según un informe del Banco de España, el país necesita incorporar a 25 millones de inmigrantes hasta 2053 para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Se ha señalado que la medida tiene una clara vertiente práctica, prefiriendo tener a los inmigrantes legalizados y trabajando a que se busquen la vida en la economía sumergida.