El Supremo ordena el desmantelamiento de la estación de esquí de Navacerrada tras años de batalla legal
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El Tribunal Supremo ha puesto fin a la prolongada batalla legal en torno a la estación de esquí de Navacerrada, ratificando la necesidad de desmantelar la instalación y devolver el monte Pinar de Valsaín a su estado original. Esta decisión judicial confirma el vencimiento del permiso para ocupar los terrenos con pistas, remontes y telesillas, que expiró en abril de 2021.
La estación ha disfrutado de cinco temporadas adicionales de funcionamiento gracias a la disputa legal impulsada por la Junta de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular, que inicialmente se negó a tramitar el expediente de fin de autorización y posteriormente recurrió una sentencia judicial que le obligaba a hacerlo. La Junta deberá ahora abonar las costas del proceso judicial a la Abogacía del Estado.
Jesús Bartolomé, coordinador de Ecologistas en Acción en la Comunidad de Madrid, celebró la decisión, lamentando el tiempo perdido en la recuperación del monte público debido a los intereses políticos de la Junta de Castilla y León y a los intereses económicos de la empresa gestora de la estación. Bartolomé señaló que estos cinco años podrían haber sido cruciales para la restauración ambiental, como demostró el proceso de recuperación de la estación vecina de Cotos.
Sin nieve y con impacto ambiental
El caso se resume en que el propietario del terreno, en este caso el Organismo Parques Nacionales (dependiente del Ministerio de Transición Ecológica), decide no renovar la concesión a una empresa privada. Sin embargo, la administración encargada de gestionar el procedimiento, la Junta de Castilla y León, obstaculizó el proceso, permitiendo que la empresa continuara operando.
El Gobierno central argumentó que el monte debía recuperarse ambientalmente debido al impacto que generaba el esquí en una zona de alto valor ecológico, cercana al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Oportunidad para la batalla política
La situación se complicó aún más por la división de la estación entre las vertientes segoviana y madrileña. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aprovechó la situación para confrontar al Gobierno central, a pesar de que su administración no tenía competencias directas sobre la zona.
Ayuso se reunió en noviembre de 2021 con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para celebrar la continuidad de la estación gracias a la postura de su compañero de partido. Mañueco afirmó que no existía “razón jurídica” para el cierre y que la empresa “seguiría con su actividad porque no hay inconveniente”.
Transición Ecológica recurrió entonces a los tribunales en Castilla y León, aunque los jueces rechazaron la medida cautelar de suspender la actividad mientras se resolvía el fondo del asunto.
Mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso continuó apoyando a la estación. En diciembre de 2023, redujo un 65% el alquiler que la concesionaria debía abonar por ocupar el suelo público de la vertiente madrileña y multiplicó por seis la superficie que podía aprovechar, a pesar de que las licencias de estas pistas también estaban caducadas desde febrero de 2019.
En febrero de 2024, la Justicia determinó que la estación en su parte segoviana debía desmantelarse. A pesar de ello, Díaz Ayuso insistió en mantener Navacerrada, incluso cuando la propia empresa concesionaria había reconocido que su negocio era “inviable” sin las pistas castellanoyleonesas, que eran las únicas que contaban con permiso para utilizar cañones de nieve artificial.
A pesar de todo, la Comunidad de Madrid aprobó en diciembre de 2024 una nueva concesión a la misma empresa por 29 años más, ofreciendo la concesionaria 33.618 euros por 54.195 m² de monte público durante casi tres décadas.
¿Ejecución de la sentencia?
Aunque la estación ha dado por terminada la temporada 2026, todos los hierros, cables y casetas permanecen en el monte. La experiencia demuestra que las sentencias judiciales favorables al medio ambiente y contrarias a los intereses económicos suelen tardar en ejecutarse.
Otros casos similares, como el complejo de lujo de la isla de Valdecañas (Cáceres) o el esqueleto del hotel de El Algarrobico (Almería), siguen sin resolverse a pesar de las resoluciones judiciales que ordenan su demolición.
El esquí, un hilo que une a Ayuso y Aguirre
La estación de esquí de Navacerrada funcionaba con una licencia otorgada por Parques Nacionales en 1996 a una empresa pública de la Comunidad de Madrid, Deporte y Montaña. Cuando la entonces presidenta madrileña, Esperanza Aguirre (PP), privatizó la empresa, la licencia y el canon de alquiler fueron heredados por la actual gestora, Río Invest.
Aguirre también criticó en 2010 un plan de recuperación ambiental de Navacerrada diseñado por su propia consejera de Medio Ambiente, apostando en cambio por incentivar el esquí, a pesar de que sus técnicos le advirtieron de la falta de agua para fabricar nieve.
La resolución de fin de concesión de Parques Nacionales establecía que la concesionaria debía devolver el terreno el 30 de octubre de 2021, dejándolo “apto para la restauración vegetal de la zona”. Una visita al Pinar de Valsaín revela que aún queda mucho camino por recorrer para alcanzar ese objetivo.
