Un país con menos inmigración: ¿Cómo afectaría a España en 2075?
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Un informe de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE) analiza el impacto que tendría una reducción sostenida de la inmigración en España hasta 2075. El estudio describe un país más envejecido, con menos población activa y un impacto negativo en la economía y el sistema de bienestar.
El análisis, al que ha tenido acceso elDiario.es, plantea dos escenarios: uno en el que la inmigración se mantiene al ritmo actual y otro en el que se reduce un 30%. En este último caso, España perdería población, fuerza laboral y riqueza, además de enfrentar desafíos en el sistema de pensiones y la sanidad pública.
Menos habitantes y menos trabajadores
Si la inmigración se redujera en un 30%, España podría tener 40 millones de habitantes en 2075, en lugar de los 55 millones proyectados con los flujos migratorios actuales. Esta disminución demográfica tendría un impacto directo en el mercado laboral, con nueve millones menos de personas en edad de trabajar.
La caída de la población activa afectaría al crecimiento económico, con una posible reducción del PIB del 14% en 2055 y del 22% en 2075. Esto equivaldría a una pérdida de 18.000 euros menos por habitante al año, según el informe.
Impacto sectorial: agricultura, hostelería y cuidados
El estudio de la ONPE destaca el impacto que tendría la reducción de la inmigración en sectores clave como la agricultura, la hostelería y los cuidados. En la agricultura, la falta de trabajadores podría provocar el abandono de más de 220.000 explotaciones. En la hostelería, podrían desaparecer hasta 90.000 bares y restaurantes. Y en los cuidados, la escasez de personal afectaría a una población cada vez más envejecida, dejando a más de 45.000 personas dependientes sin atención suficiente.
La sanidad pública también se vería afectada, con una mayor presión asistencial debido al envejecimiento de la población y la falta de profesionales. España podría perder alrededor de 63.000 médicos especialistas, lo que obligaría a cada facultativo a atender a un 4% más de pacientes.
Más impuestos para sostener el sistema
La reducción de la población activa y el aumento de las personas jubiladas generarían un desequilibrio en las cuentas públicas. En un escenario de baja inmigración, cada trabajador tendría que aportar unos 2.000 euros más al año para sostener el sistema de pensiones.
El informe de la ONPE concluye que la inmigración no resuelve por sí sola el problema del envejecimiento, pero actúa como uno de los principales amortiguadores. Aunque algunos gastos públicos podrían reducirse con menos inmigración, la caída de la recaudación por cotizaciones e impuestos sería mayor, lo que obligaría a subir impuestos o recortar prestaciones.
El Ministerio de Migraciones considera que las conclusiones del informe refuerzan la política migratoria del Gobierno, que apuesta por un modelo distinto al de otros países europeos, basado en la evidencia científica y la defensa de los derechos humanos.
