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El secretario general del PP de Castellón y diputado autonómico, Salvador Aguilella, ha expresado su preocupación por la situación que atraviesa la provincia, destacando la crisis de precios y el bloqueo de leyes fundamentales.

Atención al interior de Castellón

Aguilella ha subrayado el compromiso del Partido Popular con los municipios del interior, buscando darles la relevancia que merecen y trabajando para garantizar “los mejores servicios y las mejores oportunidades”. Para ello, el PP está celebrando jornadas en el interior para abordar los problemas que afectan a los vecinos, como la falta de seguridad por el cierre de cuarteles, los problemas urbanísticos, la necesidad de mejorar los servicios sociales y el apoyo a la agricultura y la ganadería.

Críticas a la gestión de la crisis de precios

El diputado popular ha sido muy crítico con la respuesta del Gobierno a la crisis de precios, que está afectando gravemente a la provincia.

Ha denunciado que el sector cerámico ha visto duplicado el precio del gas desde febrero y que las medidas del Ejecutivo son insuficientes para paliar la subida de los combustibles en sectores productivos como el transporte o la agricultura. Aguilella ha lamentado la falta de medidas como la deflactación del IRPF, que, según él, perjudica especialmente a las rentas más bajas.

Superávit municipal bloqueado

Aguilella ha calificado de “despropósito” que la Diputación de Castellón no pueda utilizar su superávit debido a las limitaciones impuestas por el Gobierno de España.

Según el diputado, el ejecutivo de Sánchez gasta sin control y utiliza el superávit de los ayuntamientos y diputaciones para compensar su elevado gasto.

Bloqueo de la ley de protección de la costa

Aguilella también ha denunciado que, a pesar de la aprobación en el Senado y el Congreso hace dos años de una ley para proteger las viviendas singulares de la costa, la modificación legal sigue bloqueada por la mesa de mayoría del Partido Socialista y Compromís. Para el diputado, esta estrategia es “antidemocrática”, y ha revelado que el Gobierno de España ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos de la ley de costas valenciana que buscaban proteger estas poblaciones.