Ayuso blinda aún más la escuela concertada en Madrid con convenios de 14 años
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El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, está preparando un decreto para extender la duración de los conciertos educativos con centros privados sostenidos con fondos públicos hasta los 14 años. Esta medida se suma a la ley educativa ad hoc que ya aprobó la región para proteger a estos centros frente a la ley nacional, la Lomloe.
Un segundo aumento en cinco años
De aprobarse, esta sería la segunda subida en cinco años, ya que en 2021 el Ejecutivo de Ayuso elevó la vigencia de estos convenios a diez años, superando los seis que establece la ley y que mantienen las demás comunidades autónomas. La justificación actual se basa en la necesidad de ofrecer seguridad jurídica a los centros durante el proceso de reducción de las ratios de alumnos por aula.
El peso de la escuela concertada en Madrid
La escuela concertada es un pilar fundamental de la política educativa del PP en la Comunidad de Madrid, bajo el argumento de garantizar la “libertad de elección de las familias”. Esta visión, según el PP, está consagrada en la Constitución, aunque la Carta Magna solo menciona la libertad de crear centros privados, no la obligación de la administración de promocionarlos.
Madrid, un caso único en España
Esta política ha llevado a que Madrid sea la única comunidad autónoma donde hay menos estudiantes en centros públicos que en privados. Además, la región es la segunda de Europa que más segrega a su alumnado por renta, con una clara división entre ricos y pobres.
Cesión de suelo público y anticipación de conciertos
Durante las últimas dos décadas, los gobiernos populares en Madrid han apoyado a la escuela concertada de diversas maneras. Un ejemplo es la cesión de suelo público para construir colegios a los que se les garantiza el concierto incluso antes de existir. Esta práctica, que iba en contra de la normativa, fue regularizada por el PP al incluirla en la normativa estatal.
Educación, campo de batalla entre Ayuso y el Gobierno central
La educación se ha convertido en un campo de batalla recurrente entre Ayuso y el Gobierno de Pedro Sánchez. Conciertos, becas para familias con altos ingresos que acuden a centros privados, financiación de centros que segregan por sexo, el uso del castellano, el bilingüismo y el regreso de los niños de 12 y 13 años a los colegios son algunos de los temas de enfrentamiento.
El PSOE, durante la tramitación de la Lomloe, admitió que muchas de las medidas de la ley estaban pensadas para contrarrestar las políticas del PP en Madrid. La respuesta de la Comunidad fue aprobar la Ley Maestra para blindar la escuela concertada y continuar con prácticas como la cesión de suelo.
La “nueva concertada madrileña”
Al amparo de este impulso, a partir del año 2000 se desarrolló la llamada “nueva concertada madrileña”, un modelo propio de la región que, a diferencia de las escuelas tradicionales ligadas a la Iglesia, se articula en forma de sociedades mercantiles. Este modelo permite que centros subvencionados por todos se vendan por grandes sumas de dinero.
Ajuste de aulas, extensión de conciertos
El Gobierno regional justifica la ampliación de los conciertos educativos en la necesidad de adaptarlos al proceso de reducción de las ratios de alumnado por aula. Según el borrador del decreto, la Comunidad de Madrid ha iniciado un proceso de disminución de la ratio máxima de alumnos por aula que finalizará en el curso 2030/2031.
Garantizar certeza y previsibilidad
Para dotar de certeza y previsibilidad al régimen jurídico de los conciertos educativos, el Gobierno considera oportuno ampliar su vigencia a catorce años, de manera que la fecha de renovación coincida con la implantación completa de la disminución de la ratio de alumnos por aula.
