JUICIO A LA GILDA DEL NORTE: SILENCIO DEL DUEÑO ANTE ACUSACIONES DE EXPLOTACIÓN LABORAL
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El propietario de La Gilda del Norte (Agricultura Creativa 2015), F.J.G.Á., se acogió a su derecho a no declarar en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Bizkaia, donde él y su hija, P.G., enfrentan acusaciones por delitos contra los derechos de los trabajadores. Se les imputa mantener a personas extranjeras en situación irregular, laborando sin contrato, lo que podría acarrearles penas de hasta seis años de prisión.
Mientras F.J.G.Á. optó por el silencio, su hija P.G. denunció el “sufrimiento” experimentado. Durante la segunda sesión del juicio, a la que asistieron empleados de La Gilda del Norte en señal de apoyo, P.G. expresó su sentir ante las acusaciones que involucran a su familia.
Inspecciones y Testimonios
Durante el juicio, cinco agentes de la Policía Nacional y tres subinspectores laborales testificaron sobre las inspecciones realizadas a la empresa en diciembre de 2020 y mayo de 2021. Las inspecciones simultáneas se llevaron a cabo en un pabellón en Basauri y un invernadero en Lezama. Los funcionarios confirmaron la presencia de trabajadores en situación irregular, aunque no pudieron precisar el número exacto.
Una subinspectora laboral relató que, en la segunda inspección, el propietario inicialmente negó la presencia de otros individuos, pero posteriormente se encontraron trabajadores extranjeros escondidos en almacenes y otras áreas. Los trabajadores declararon haberse ocultado por orden del empresario. Además, se encontraron sobres con dinero destinados al pago de nóminas y documentación relacionada con horarios.
Numerosas trabajadoras también testificaron, coincidiendo en que laboraban sin contrato, en situación irregular, sin medidas de seguridad, por un salario de 800 euros y con la orden de esconderse ante posibles inspecciones.
Posturas de la Fiscalía y la Acusación Particular
A pesar de confirmar la contratación irregular de personas desde 2018 hasta 2021, la Fiscalía no considera que exista “explotación laboral” en este caso. Argumenta que no se evidencia abuso, superioridad o engaño, aunque reconoce que las condiciones laborales no eran óptimas.
La acusación particular, por su parte, solicita penas que podrían sumar seis años de cárcel para ambos propietarios por delitos continuados contra los derechos de los trabajadores, además de una indemnización por daños morales. También solicitó una medida subsidiaria de prisión para ambos.
La abogada de la acusación particular argumentó que la empresa utilizaba a trabajadores en situación irregular de forma continuada, lo que constituía una estructura empresarial basada en condiciones laborales precarias y afectaba las arcas públicas.
La Defensa Busca la Absolución
La defensa de los acusados solicitó la absolución, argumentando que ya habían sido sancionados por la Inspección de Trabajo con una multa superior a los 40.000 euros por las irregularidades laborales. Sin embargo, la acusación particular lamenta que el dinero de la sanción no haya beneficiado a las demandantes, quienes fueron despedidas tras años de trabajo sin contrato ni cotización a la Seguridad Social.
