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El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la reforma conocida como “Ley Sara”, una legislación destinada a reforzar la seguridad del paciente en el ámbito de la cirugía estética. Esta ley, impulsada por la familia de Sara Gómez, quien falleció en 2022 tras someterse a una liposucción, establece requisitos más estrictos para los profesionales y los centros donde se realizan estos procedimientos.

La nueva normativa exige que los profesionales que realicen intervenciones de cirugía estética posean la titulación oficial de la especialidad correspondiente. Asimismo, los centros deberán cumplir con rigurosos requisitos para garantizar la seguridad de los pacientes.

Rubén Gómez, hermano de Sara y portavoz de la familia, ha manifestado su satisfacción tras un arduo proceso de cuatro años y medio. “Hoy es un día en que la sanidad en España es más segura.

O se tiene la especialidad o se está fuera de la ley, no hay más”, declaró, mostrando su emoción. Para la familia, esta ley representa el cumplimiento de una promesa hecha a Sara: “Como dijo ayer la ministra de sanidad, no volverá a suceder”.

A pesar de la alegría por la aprobación de la ley, la familia reconoce tener “sentimientos encontrados” debido a la ausencia de Sara. No obstante, Rubén añadió: “Nos consuela que su muerte, su partida no fue en vano, y hoy muchas personas se van a salvar o van a ser beneficiadas por esta ley Sara, que impulsamos en honor y como legado a ella”.

En paralelo a la lucha legislativa, la familia sigue a la espera de que se fije la fecha del juicio oral contra el cirujano que operó a Sara. Evaristo Llanos, abogado de la familia, ha confirmado que la fase de instrucción está prácticamente finalizada, aunque lamenta la lentitud del proceso.

“Ha pasado mucho tiempo, y la justicia, cuando es lenta, no es justa”, señaló el letrado.

El abogado Llanos ha calificado la nueva ley como un cambio “de la noche al día”, ya que anteriormente se permitían operaciones realizadas por personal sin la cualificación adecuada. A partir de ahora, solo cirujanos plásticos acreditados podrán realizar estas intervenciones en centros debidamente homologados, lo que dificultará el intrusismo profesional.

Durante este periodo, Rubén Gómez ha sido objeto de lo que su abogado describe como “bullying judicial” por parte de asociaciones médicas que se oponían a la ley. “Los mismos que llevaron la ley Sara cuando salió a la audiencia nacional y la denunciaron, son los mismos que también me han llevado a mí al juzgado por supuesto delito contra el honor”, explicó.