NUEVA LEY IMPULSA LA ECONOMÍA SOCIAL: AYUDAS A VIVIENDAS, LUCHA CONTRA COOPERATIVAS FALSAS Y MÁS
Foto: Archivo – Todos los derechos reservados
El Congreso de los Diputados aprobó definitivamente la Ley Integral de Impulso de la Economía Social, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta nueva ley introduce importantes novedades en el sector, incluyendo ayudas fiscales para las cooperativas de viviendas en cesión de uso, medidas para combatir las falsas cooperativas y la ampliación de los colectivos que pueden ser contratados por empresas de inserción.
El Ministerio liderado por Yolanda Díaz ha impulsado esta regulación, destacando que la economía social representa un modelo económico alternativo que prioriza a las personas sobre los beneficios, promoviendo formas empresariales más justas, resistentes, horizontales y democráticas. Este modelo busca cohesionar el territorio, combatir la despoblación rural y fomentar el arraigo.
La ley define las entidades que forman parte de la economía social, delimitando los centros especiales de empleo solo a aquellos de “iniciativa social”. Entre estas entidades se encuentran las cooperativas, mutualidades, fundaciones, asociaciones con actividad económica, sociedades laborales, empresas de inserción, cofradías de pescadores, sociedades agrarias de transformación y empresas sociales que se rigen por los principios de este tipo de economía.
Yolanda Díaz ha resaltado que la economía social no es un sector menor, representando el 11% del PIB, con más de 127.000 empresas y entidades, de las cuales dependen más de 2,2 millones de empleos directos e indirectos.
La nueva legislación modifica cuatro leyes clave: la Ley de Cooperativas, la Ley para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, la Ley de la Economía Social y la Ley de Régimen Fiscal de las Cooperativas.
Ayudas Fiscales a Vivienda de Cesión de Uso
La ley favorece a las cooperativas de vivienda de cesión de uso, considerándolas especialmente protegidas. Este modelo, aún poco conocido, está creciendo en algunas zonas. A diferencia de otras cooperativas, esta no se disuelve tras la construcción, sino que mantiene la propiedad y transfiere el derecho de uso a los socios.
La nueva ley introduce las cooperativas de vivienda de cesión de uso como “cooperativas especialmente protegidas” siempre que mantengan la propiedad de las viviendas, no repartan retornos y cumplan requisitos específicos. Este reconocimiento les otorga acceso a beneficios fiscales.
Más Control sobre Falsas Cooperativas
La ley refuerza las causas de descalificación administrativa para actuar contra entidades que operan bajo apariencia cooperativa pero vulneran sus principios y valores. Esto busca combatir las falsas cooperativas que han causado problemas en algunos sectores.
Se detalla la descalificación “cuando la prestación del trabajo de las personas socias trabajadoras o socias de trabajo no se desarrolle de acuerdo con su estatuto jurídico, con participación efectiva en la gestión democrática y en el ámbito de organización y dirección de la cooperativa, así como cuando se encubra bajo la forma cooperativa finalidades propias de otras clases de sociedades o cuando se advierta la dependencia de otras entidades o personas”, entre otras causas.
Digitalización y Planes de Igualdad en Cooperativas
La norma introduce novedades para la digitalización de las cooperativas, adaptando su funcionamiento interno al siglo XXI mediante la regulación de las comunicaciones electrónicas, la participación telemática en asambleas y consejos rectores, y el refuerzo del derecho de información de las personas socias.
También incorpora medidas de igualdad ajustadas a la singularidad cooperativa, como una nueva Comisión de Igualdad, el impulso de la conciliación y el establecimiento de un principio de “presencia equilibrada” de mujeres y hombres en los órganos de la sociedad.
Nuevos Colectivos de Trabajadores de Centros de Inserción
Con un lenguaje “menos estigmatizante”, el texto incluye una definición de empresa de inserción “más adecuada y coherente con sus fines, de forma que los nuevos ajustes introducidos en el funcionamiento interno de estas empresas permitirán garantizar su competitividad con la contratación indefinida en empresas ordinarias como meta laboral”.
La ley amplía los colectivos de personas que pueden ser empleadas por las empresas de inserción, incluyendo personas desempleadas durante dos años (o más de doce meses si son mayores de 45 años), víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos, e inmigrantes, así como beneficiarios de protección internacional, cuando presenten especiales dificultades de integración en el mercado laboral.
Más Contratación Pública Social
La ley aumenta el porcentaje de contratos del sector público reservados para empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social. Además, los pliegos deberán incorporar criterios y condiciones de ejecución que fomenten la contratación de personas en itinerarios de inserción y la subcontratación de empresas de inserción.
La legislación cuenta con el respaldo de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), que destaca el compromiso de los distintos grupos parlamentarios en la tramitación de este proyecto legislativo.
