INVESTIGACIÓN A BEGOÑA GÓMEZ: FISCALÍA EUROPEA LA CITA COMO TESTIGO
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La Fiscalía Europea ha citado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para que declare como testigo en relación con los contratos públicos adjudicados a empresas del empresario Juan Carlos Barrabés. Esta citación se produce en el marco de una investigación sobre posibles irregularidades en la adjudicación de fondos europeos.
En abril de 2024, el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Gómez por presuntos delitos, recibió una solicitud de la Fiscalía Europea para que remitiera información sobre expedientes relacionados con concursos públicos otorgados a la UTE Innova Next – Escuela de Negocios The Valley, perteneciente a Barrabés. Dos de estos concursos, adjudicados por la empresa pública Red.es, fueron financiados con fondos europeos, lo que motivó la intervención de la Fiscalía Europea.
Aunque Barrabés ya ha declarado ante los fiscales europeos como investigado, la comparecencia de Begoña Gómez se considera un hito importante para esclarecer si existió un trato de favor hacia el empresario debido a su relación con la esposa del presidente del Gobierno.
La defensa de Gómez, liderada por el abogado Antonio Camacho, ha confirmado la recepción de la citación para declarar ante los fiscales europeos, aunque se desconoce la fecha exacta. Es importante destacar que Gómez comparecerá en calidad de testigo, a pesar de que está imputada por presuntos delitos, incluyendo corrupción en los negocios, ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
Sospechas del Juez Peinado
El juez Peinado sospecha que Barrabés pudo haber recibido un trato preferencial en concursos públicos a cambio de ayudar a Begoña Gómez con la cátedra extraordinaria que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Se investiga si cartas de apoyo firmadas por Gómez pudieron haber influido en la adjudicación de contratos a las empresas de Barrabés.
La Fiscalía Europea se centra en dos expedientes de la empresa pública Red.es: uno sobre ‘Formación empleo juvenil para la economía digital’, en el que la UTE de Barrabés obtuvo dos lotes por 4,8 millones de euros, y otro sobre ‘Servicio de formación para personas desempleadas’, en el que se le asignó un lote por 3,6 millones de euros. El total de estos contratos asciende a 8,4 millones de euros.
Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es han confirmado que la Fiscalía Europea ya ha citado como testigos a varios firmantes de cartas de apoyo a la oferta de Barrabés, similares a las de Begoña Gómez. Además, en septiembre de 2025 se recibió un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) sobre los expedientes financiados parcialmente por el Fondo Social Europeo.
La IGAE y la UCO: Diferentes Perspectivas
La IGAE ha detectado irregularidades en el procedimiento de adjudicación de contratos, argumentando que la consideración de cartas de recomendación o futuros acuerdos con reclutadores como criterio de puntuación fue una decisión “arbitraria” que “adulteró la valoración técnica” y benefició a determinados licitadores, entre ellos la UTE de Barrabés.
En contraste, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en un informe de 2024, indicó que, en general, la preparación, tramitación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución de los contratos se habrían desarrollado “aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”.
No obstante, otro informe de la IGAE, presentado a petición de Peinado en mayo de 2025, concluyó que en otro contrato adjudicado a la empresa de Barrabés se incumplieron las normas al otorgar un peso inferior al precio de la oferta, elevando la relevancia de criterios subjetivos que debieron ser valorados por un comité de expertos ajeno a Red.es.
El Recurso de Barrabés
Mientras la investigación avanza, el juez Peinado busca que la causa contra Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular. Tanto la defensa de Gómez como la de su asistente, Cristina Álvarez, han presentado recursos contra esta decisión.
Barrabés también ha recurrido, negando haber tenido relación con la cátedra que dirigía Begoña Gómez en la UCM. El empresario argumenta que la interpretación del juez es “forzada” y que lo que busca es “lograr la conexidad que se requiere para la transformación (de la causa) en Tribunal del Jurado” y “configurar el supuesto delito de tráfico de influencias”.
La defensa de Barrabés critica que Peinado haya incluido en su auto los expedientes y las cartas de apoyo de Gómez, argumentando que estos se investigan en la Fiscalía Europea. Concluye que no existen indicios de delito de tráfico de influencias o corrupción en los negocios y solicita el sobreseimiento libre para su cliente.
