El Poder Judicial acumula condenas millonarias por incumplir la prevención de riesgos laborales
Foto: Archivo – Todos los derechos reservados
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se enfrenta a una factura de más de 300.000 euros en indemnizaciones tras ser condenado en repetidas ocasiones por no garantizar la seguridad y la prevención de riesgos laborales de jueces y magistrados. La condena más elevada asciende a 225.264,68 euros y ya es firme.
En este contexto, el pleno del CGPJ acordó, con la oposición de los vocales de Sumar, proponer la exclusión de los miembros de la carrera judicial de la legislación sobre protección laboral. El acuerdo, respaldado por vocales propuestos por el PP y el PSOE, busca suprimir el artículo 317 del Reglamento de la Carrera Judicial, que reconocía el derecho de los jueces a la protección en materia de seguridad y salud.
Según fuentes consultadas, esta medida pretende eludir la aplicación del marco legal vigente y sortear futuras condenas económicas.
La postura mayoritaria dentro del CGPJ argumenta que la modificación mejora el marco legal actual y aclara las competencias del organismo, indicando que ciertos aspectos de la salud de los jueces quedan fuera de su ámbito de actuación. Se considera que tratar a los jueces como “trabajadores ordinarios” implicaría una relación de subordinación incompatible con la independencia judicial.
Críticas a la “desregulación”
La vocal Inés Herreros, junto con Carlos Hugo Preciado, presentó un voto particular en contra, argumentando que la nueva normativa supone una desregulación absoluta y una ruptura con los avances logrados en la última década. Señalan que la prevención de riesgos es esencial para garantizar la independencia judicial y el derecho de la ciudadanía a una administración de justicia serena y segura.
Además, critican que la propuesta instrumentaliza la salud de los jueces, convirtiendo su protección en un medio para asegurar el rendimiento del sistema en lugar de un fin en sí mismo.
Preciado también propuso renovar la evaluación de riesgos psicosociales y actualizar la guía de riesgo por lactancia natural, así como incluir medidas específicas contra el acoso y la violencia y protección para jueces mayores de 60 años.
Sentencias condenatorias
El conflicto se centra en la histórica reclamación de las asociaciones de jueces para que el CGPJ regule la carga de trabajo a efectos de salud laboral. Ante la inacción del organismo, los tribunales han fallado en su contra. En 2023, el Tribunal Supremo condenó al CGPJ por no regular la carga de trabajo de los jueces.
Además de la sentencia del Tribunal Supremo, varios jueces han presentado reclamaciones individuales por daños y perjuicios, resultando en indemnizaciones de miles de euros. Un caso destacado es el de una magistrada que sufrió un síndrome ansioso-depresivo derivado del estrés laboral, por lo que el CGPJ fue condenado a pagarle una indemnización de 225.264,68 euros.
Otro caso relevante es el de un magistrado que desarrolló un trastorno depresivo mayor crónico debido a la sobrecarga de trabajo. El CGPJ fue condenado a pagarle 77.730,36 euros de indemnización, más intereses legales.
Finalmente, otro magistrado fue indemnizado con 548,03 euros por el coste de unas gafas graduadas necesarias para su trabajo con pantallas.
