El Supremo rebaja las costas que deberá pagar el exfiscal general por el caso de la pareja de Ayuso
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El Tribunal Supremo ha revisado y rebajado las costas procesales que el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debe abonar para cubrir la representación legal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La nueva cifra se ha fijado en 39.000 euros.
Impugnación de las costas
La decisión del Supremo responde a la impugnación de las costas, presentada tanto por el abogado del Estado en defensa de García Ortiz como por la Fiscalía, quienes consideraban la cantidad inicial “indebida y excesiva”.
La rebaja en el importe se debe a la exclusión de las costas correspondientes a diferentes recursos, incluidos los 18 de apelación resueltos por el Supremo en la causa, cuya imposición solo sería procedente en caso de mala fe o temeridad.
Próximos pasos
El Supremo ha decidido continuar con la tramitación de la impugnación realizada por García Ortiz y la Fiscalía, remitiendo las actuaciones al Consejo General de la Abogacía Española para que emita un informe preceptivo sobre si las costas son excesivas.
Antecedentes del caso
En febrero, se conoció que García Ortiz recurrió la decisión del Tribunal Supremo de fijar en casi 80.000 euros los honorarios del abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de Ayuso, que debía abonar. La defensa del exfiscal general argumentó que la cifra era “manifiestamente desproporcionada” y propuso reducirla a poco más de 4.000 euros.
El exfiscal general alegó que la condena incluía costas de la fase en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde no estaba imputado, o actuaciones referidas a la fiscal Pilar Rodríguez, que ni siquiera llegó a sentarse en el banquillo. A su juicio, la cifra era “absolutamente incompatible con los reiterados criterios de proporcionalidad, moderación y razonabilidad” exigidos por el Tribunal Supremo.
Condena inicial
Inicialmente, el Supremo había asumido íntegramente los casi 65.000 euros en costas reclamados por el letrado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, a los que añadió el IVA. Además, García Ortiz debía pagar 1.560,38 euros a la procuradora.
La Sala de lo Penal condenó al exfiscal general por la filtración a la prensa de un correo con la confesión de fraude fiscal del comisionista, imponiéndole dos años de inhabilitación y dos sanciones económicas: una multa de 7.200 euros y la obligación de indemnizar con 10.000 euros a González Amador.
