La Maraña Eólica Gallega: Proyectos Paralizados y Traslados Judiciales Forzosos
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El sector eólico en Galicia se encuentra en una situación compleja, marcada por la judicialización de proyectos, las críticas de la Xunta a las decisiones judiciales, la modificación constante de la normativa y el estancamiento de la potencia instalada. Un nuevo capítulo se suma a esta trama: el traslado forzoso de jueces que hasta ahora se ocupaban de los litigios eólicos.
La asociación Xuíces e Xuízas para a Democracia (XXpD) advierte que esta decisión podría interpretarse como una cesión a otros poderes, sugiriendo que las presiones políticas y empresariales podrían haber influido en el resultado.
Oposición y Críticas a la Independencia Judicial
Los partidos de la oposición consideran que la independencia judicial se ve comprometida, y el BNG establece una conexión directa con “el poder de las eléctricas y los tentáculos del PP”.
Antecedentes y Paralización del Sector
La controversia en torno a la energía eólica en Galicia tiene raíces profundas. El concurso impulsado por el bipartito PSdeG y BNG (2005-2009) fue un punto central en la primera campaña electoral de Alberto Núñez Feijóo al frente del PP gallego. Tras lograr su primera mayoría absoluta, una de sus primeras medidas fue anular aquellos planes, alegando “tachas graves de legalidad”.
Aunque la Justicia coincidió en que existían irregularidades, el Tribunal Supremo declaró ilegal la anulación del ahora presidente del PP español.
Tras una década de parálisis, las nuevas propuestas para instalar aerogeneradores se multiplicaron, generando alarmas entre los vecinos y organizaciones ecologistas, quienes denunciaron fragmentaciones irregulares, problemas en la exposición pública y defectos en la evaluación ambiental.
Proyectos Paralizados y Decisiones Judiciales
Actualmente, de los cerca de 200 parques eólicos en funcionamiento en Galicia, con unos 4.000 megavatios de potencia instalada, 85 proyectos (2.325 megavatios) están paralizados provisionalmente por decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Estas sentencias provienen de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, donde trabajaba el juez Luís Villares, quien ha sido apartado en un polémico traslado forzoso. La nueva presidenta de la Sección Tercera, María Azucena Recio, también ha movido a otros tres jueces, incluyendo a María Dolores López, compañera de Villares y firmante de algunas de las sentencias cuestionadas sobre la eólica.
Recio justifica el cambio forzoso argumentando que el Supremo anuló tres sentencias de la sala debido a dudas sobre la imparcialidad de Villares, quien fue líder de En Marea entre 2016 y 2020.
Sin embargo, Xuíces e Xuízas para a Democracia destaca las críticas recibidas por las decisiones de esta sección y las “declaraciones desmedidas de determinados responsables políticos y empresariales” que cuestionaban la profesionalidad de sus integrantes. El PP gallego acusó al TSXG de emprender “una ofensiva” contra la eólica, y la Xunta calificó de “errónea” alguna de sus sentencias.
El Supremo y la Fragmentación Ilegal
El sector eólico gallego también está a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie para aclarar qué se considera fragmentación ilegal. Existe un dictamen sobre el parque de Campelo, donde el TSXG consideró que debía evaluarse conjuntamente con otros aprovechamientos en la zona, pero el Supremo rechazó esta interpretación.
Se espera una decisión similar para mayo en relación con el parque de Bustelo, lo que establecería un criterio reiterado.
Desencuentro entre Xunta y Eléctricas
La postura crítica de la Xunta y las empresas del sector era compartida hasta que el Gobierno gallego incluyó en la ley de acompañamiento dos decisiones que generaron desacuerdo. Una de ellas era la exigencia de que los nuevos aprovechamientos eólicos e hidráulicos vendieran al menos la mitad de su producción a ciudadanos y negocios gallegos, y la otra se refería a la obligación de repotenciar los parques de aerogeneradores con 25 años de antigüedad.
Los promotores empresariales acusaron al equipo de Alfonso Rueda de ir en contra de la Constitución española.
Estos cambios en la normativa eólica gallega provocaron fricciones adicionales. El Gobierno central llevó al Tribunal Constitucional varios puntos de esa ley de acompañamiento, aunque inicialmente fueron suspendidos, los magistrados votaron después por permitir que la norma gallega se siga aplicando.
En medio de esta compleja situación, la Xunta anunció la elaboración de un nuevo plan eólico, para el que no tenía previsto consultar a las organizaciones ambientalistas. Los trabajos, para los que el Gobierno gallego se dio un plazo de tres años, siguen pendientes.
