La derecha judicial blinda su cruzada contra el Gobierno
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Los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestran una tendencia a minimizar o perdonar las acciones de magistrados que insultan al Ejecutivo, se manifiestan contra el Legislativo o cometen errores en la instrucción de casos contra altos cargos de la izquierda. Esta actitud ha generado controversia y pone de manifiesto una posible parcialidad dentro del sistema judicial.
La jurisprudencia creativa y la ley de amnistía
Poco después de que Pedro Sánchez acordara con Junts la aprobación de una ley de amnistía, un magistrado del Supremo expresó su opinión sobre la capacidad del Poder Judicial para evitar la iniciativa del Legislativo. Dos años después, la aplicación de la ley de amnistía a Carles Puigdemont y otros ex consejeros catalanes se vio obstaculizada por la interpretación del Supremo sobre la malversación, considerándola no amnistiable.
Un magistrado del Supremo reconoció que, aunque existen mecanismos para sancionar a jueces que hacen mal su trabajo, en algunos casos estos no se aplican debido a la protección que reciben los jueces infractores por parte de instancias superiores.
Excesos judiciales sin sanción
Un ejemplo de esto es el caso del juez Juan Carlos Peinado, quien imputó a un directivo del Instituto de Empresa por declaraciones no realizadas en el caso Begoña Gómez. A pesar de que la Audiencia Provincial corrigió este error, el juez no fue sancionado.
Además, Peinado maltrató verbalmente al ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante su declaración judicial, intentando imputarle un delito de malversación y tergiversando su declaración. La derecha judicial busca ahora archivar la queja de Bolaños contra Peinado sin imponer ninguna sanción.
Actuaciones controvertidas de magistrados
Ángel Hurtado, magistrado del Supremo, acusó al Gobierno de filtrar un correo electrónico relacionado con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, sin presentar pruebas. Anteriormente, Hurtado se había opuesto a condenar al PP en el caso Gürtel y protegió a Rajoy durante su declaración como testigo. Posteriormente, ascendió a magistrado del Supremo por decisión de un CGPJ de mayoría conservadora.
El juez Juan José Escalonilla mantuvo durante tres años una investigación abierta contra dirigentes de Podemos, que finalmente archivó sin encontrar pruebas de corrupción. Poco después, Escalonilla ascendió a la sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid.
Manuel García Castellón, juez jubilado de la Audiencia Nacional, atribuyó un supuesto delito de terrorismo a Carles Puigdemont sin pruebas, con el objetivo de impedir que se beneficiara de la Ley de Amnistía. El Tribunal Supremo avaló esta investigación, aunque posteriormente se frustró por un error del instructor en la aprobación de las prórrogas necesarias.
La Comisión Disciplinaria del CGPJ y la protección a jueces
El promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, de sensibilidad conservadora, tiende a minimizar los insultos de jueces a ministros y altos cargos en redes sociales, así como los errores cometidos por jueces. La derecha judicial, que controla el CGPJ desde hace 30 años, respalda las propuestas de Conde, dejando sin sanción actuaciones controvertidas de jueces contra el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Ejemplos de impunidad judicial
El magistrado Manuel Ruiz de Lera atacó al Gobierno en la red social X, utilizando términos como “narcisista patológico” y “psicópata sin límites éticos” para referirse a Pedro Sánchez. Aunque inicialmente eliminó su cuenta, la comisión disciplinaria del CGPJ archivó las diligencias abiertas, argumentando que no era posible comprobar si los mensajes fueron escritos por él o si se identificó como miembro de la carrera judicial.
A pesar de esto, Ruiz de Lera continuó sus ataques al Gobierno, incluso llamando “Barbigoña” a la esposa de Sánchez. La derecha del Poder Judicial votó en contra de sancionarle.
La libertad de expresión y los principios de ética judicial
Responsables del Poder Judicial admiten que muchas de las afirmaciones vertidas por jueces en redes sociales incumplen los principios de ética judicial, pero señalan que el órgano de gobierno no puede actuar contra ellos porque no son preceptos cuyo incumplimiento se pueda sancionar.
El juez Manuel Piñar Díaz, que condenó a Juana Rivas, cargó en Facebook contra las políticas de igualdad del Gobierno, utilizando términos como “comunismo feminazi”. Aunque se le abrió expediente a raíz de una denuncia, el Poder Judicial archivó la queja, argumentando que la publicación de opiniones en redes sociales, sin invocar la condición profesional, constituye una manifestación del derecho a la libertad de expresión.
Los Principios de Ética Judicial establecen que la imparcialidad de los miembros del Poder Judicial impone el deber de evitar conductas que puedan ponerla en entredicho. Sin embargo, algunos jueces incumplen estos principios de manera evidente, sin recibir sanciones.
Manifestaciones de jueces y la ley de amnistía
La ley establece que los jueces cometerán una falta disciplinaria si dirigen felicitaciones o censuras a los poderes públicos invocando su condición de juez. A pesar de esto, jueces con toga se manifestaron contra la ley de amnistía, incluso antes de que fuera aprobada.
La Comisión de Ética Judicial, de mayoría conservadora, avaló la protesta, considerando que si el juez tiene un “sincero convencimiento” de que la ley de amnistía “pueda afectar al Estado de Derecho”, su actuación no merece una sanción disciplinaria.
La derecha judicial parece tener el “sincero convencimiento” de que todo vale para tumbar al Gobierno que aprobó la ley de amnistía.
