CONDENAN A LA SANIDAD CANARIA POR "ODIOSO INTERÉS" EN DESPEDIR A CIRUJANA RESIDENTE
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El Servicio Canario de Salud (SCS) ha sido condenado a indemnizar con 35.701,11 euros a una médica residente que se vio obligada a abandonar el Hospital de La Candelaria (Tenerife) tras denunciar acoso laboral por parte de su jefe. La sentencia dictamina que la administración no solo no protegió a la doctora, sino que la recriminó y forzó su salida.
María José Rosell, ahora cirujana pediátrica en el Hospital Universitario de León, experimentó una situación “tormentosa” en el Hospital de La Candelaria, donde ingresó en mayo de 2019 en un servicio con alta conflictividad laboral. A finales de ese año, seis médicos abandonaron la unidad, dejando al servicio bajo mínimos.
Meses después, Rosell denunció a su jefe por acoso laboral. La dirección del hospital, lejos de protegerla, la recriminó y propició su salida, evidenciando un “odioso interés” en que abandonara el servicio y dejara de “evidenciar los problemas y conductas” en Cirugía Pediátrica, a pesar de reconocer sus “altas capacidades”.
Antecedentes del caso
La sentencia judicial describe un escenario de negligencia y revictimización. En mayo de 2019, Rosell se incorporó al servicio de Cirugía Pediátrica de La Candelaria. Cinco meses después, seis especialistas activaron el protocolo de acoso laboral contra el jefe del servicio, M.A.G.C., denunciando un trato “despótico”, “menosprecio” de sus conocimientos y una distribución “arbitraria” de funciones.
A finales de año, los seis facultativos renunciaron, dejando la unidad en manos del jefe denunciado, otro adjunto y dos residentes, incluyendo a Rosell. En marzo de 2020, la Comisión de Investigación constató una convivencia “insostenible” y un riesgo psicosocial debido al “estilo de mando autoritario” del jefe, aunque no pudo concluir “con certeza” que se tratara de acoso laboral por falta de pruebas documentales.
La comisión exigió dos evaluaciones: una sobre la idoneidad del jefe y otra sobre los riesgos psicosociales. La primera tardó más de tres años y medio, mientras que la segunda, emitida en noviembre de 2020, acreditó la existencia de un “riesgo importante” en el servicio.
La denuncia de las residentes
Tras la renuncia de los especialistas, el servicio se mantuvo con cuatro integrantes y la misma presión asistencial. A pesar de los resultados académicos positivos de las residentes, la escasez de médicos incrementó su exposición al “autoritarismo” del jefe. Ambas denunciaron acoso laboral el 19 de noviembre de 2020.
Al día siguiente, fueron convocadas a una reunión donde el director médico del hospital, R.G.P., las recriminó por no haber declarado en contra del jefe en el protocolo anterior y les advirtió: “A él no lo vamos a tocar, él tiene plaza aquí dentro, pero a ti te jode la especialidad”. En los días siguientes, Rosell denunció que tuvo que encerrarse bajo llave por miedo mientras su jefe intentaba forzar la puerta.
Tras esta escalada de tensión, la gerencia acordó iniciar el procedimiento para suspender la acreditación docente de Cirugía Pediátrica y transferir la carga asistencial al Hospital Universitario de Canarias (HUC). Esta situación obligó a Rosell a realizar una rotación externa urgente en Barcelona durante cuatro meses.
A su regreso, el jefe seguía de baja, reincorporándose en septiembre. Se acordó que no coincidieran, pero la sentencia señala que esto se quedó en una “mera declaración de intenciones”. Las médicas en formación seguían bajo “la posible arbitrariedad” del jefe denunciado, quien mantenía su superioridad al ejercer funciones de planificación y organización del servicio.
Hasta el 1 de diciembre de 2021, fecha en que se le retiraron cautelarmente las funciones al jefe de Cirugía Pediátrica, el SCS “mantuvo expuesta a Rosell al riesgo psicosocial, cuando menos de autoritarismo, y de posible acoso, sin medida protectora alguna”.
En 2022, la subdirección médica asumió formalmente la planificación de quirófanos y consultas, aunque el jefe de servicio “seguía intentando organizar parte de la agenda”. En marzo se inició el procedimiento para evaluar su puesto, dos años después de haber sido solicitado. Ese mismo mes, las residentes recibieron nuevas recriminaciones en una reunión con altos cargos del hospital.
En mayo de 2022, el Ministerio de Sanidad desacreditó la unidad docente de Cirugía Pediátrica del Hospital de La Candelaria. Rosell se trasladó a Asturias para completar su formación.
Incumplimiento del protocolo de acoso
La sentencia también destaca los “incumplimientos flagrantes” de los plazos y previsiones cautelares del protocolo contra el acoso. La primera comisión de investigación se abrió tres meses después de la denuncia y la nueva comisión se constituyó un año y medio después. El protocolo se archivó en enero de 2023, con Rosell ya en la Península. La afectada decidió entonces acudir a los juzgados.
A finales de ese año, la gerencia del hospital destituyó a M.A.G.C. como jefe del servicio de Cirugía Pediátrica por negarse a ser evaluado.
Rechazo a la actitud combativa
La jueza destaca el “rechazo frontal” de los estamentos jerárquicos del hospital a la “actitud combativa y de denuncia” de Rosell frente a la “tóxica situación” en el servicio de Cirugía Pediátrica. La magistrada lamenta que la dirección llegara a “la discriminación y a la advertencia directa de las consecuencias negativas indeseadas por tales denuncias”.
La jueza rechaza las justificaciones del director médico, que defendía que se le intentó facilitar “una salida laboral”. La conclusión es que no había interés en proteger a las denunciantes ni en evaluar la idoneidad del jefe del servicio, sino “un odioso interés en que la residente abandonara el servicio de una vez y dejara de evidenciar problemas y conductas”.
La indemnización acordada incluye daños morales y patrimoniales, ascendiendo a un total de 35.701,11 euros.
Para Rosell, la sentencia es una victoria, destacando que, en lugar de escuchar a las residentes que denunciaron acoso, se les tildó de “conflictivas” y se les intentó “callar y echar”.
