CONDENAN A EX-CONCEJAL POR FRAUDE EN CONTRATOS DEL PUERTO DE BENALMÁDENA

CONDENAN A EX-CONCEJAL POR FRAUDE EN CONTRATOS DEL PUERTO DE BENALMÁDENA
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CONDENAN A EX-CONCEJAL POR FRAUDE EN CONTRATOS DEL PUERTO DE BENALMÁDENA

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La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a Francisco Salido, ex-concejal de Bienestar Social y ex-consejero delegado de Puerto Marina, junto con José Manuel López Merino, gerente del puerto, a cuatro años y cuatro meses de prisión por amañar contratos de obra en Puerto Marina, Benalmádena.

Detalles del Fraude

La sentencia, dictada a finales de octubre y aún no firme, confirma que Salido y López Merino se concertaron para favorecer a un empresario, ya fallecido, mediante la adjudicación fraudulenta de servicios y obras. Los magistrados determinaron que se manipularon contratos de obras por valor de 600.000 euros, utilizando prácticas como contratos fraccionados, presupuestos adulterados, facturas repetidas y prórrogas irregulares.

Según la investigación, los acusados fraccionaban artificialmente los contratos para evitar superar el umbral de 100.000 euros, lo que les habría obligado a realizar concursos públicos. En su lugar, simulaban procedimientos negociados invitando a tres licitantes, pero en realidad, los presupuestos eran elaborados por el mismo empresario beneficiado o por personas que desconocían la situación.

Una de las situaciones más llamativas fue el caso de una mujer en exclusión social que, sin saberlo, firmó una oferta para una obra valorada en 50.000 euros en Puerto Marina.

Delitos y Atenuantes

La Audiencia los ha condenado por delitos continuados de prevaricación administrativa, fraude en la contratación pública y falsedad en documento oficial. La pena se ha visto reducida debido a la demora en el enjuiciamiento de las irregularidades, que fueron cometidas hace aproximadamente quince años.

Los magistrados reconocieron que la causa era compleja, pero que la dilación “superextraordinaria” no estaba justificada ni era atribuible a los acusados.

Funcionamiento Irregular

El sistema de contratación carecía de los controles legales necesarios. No existían pliegos técnicos ni administrativos, criterios de adjudicación ni duración establecida para las obras. En algunos casos, las obras comenzaban sin proyecto, lo que imposibilitaba la comparación con las certificaciones y permitía facturar cualquier cantidad.

Gracias a estas prácticas, el empresario favorecido se embolsó dos millones de euros en cuatro años, casi la mitad de todo lo adjudicado por el Puerto en ese período.

El Caso del Comedor Social

Este caso corre en paralelo a las presuntas irregularidades en las cuentas del comedor social, de las que Salido también era responsable, aunque fue declarado “no culpable” por un jurado popular de los delitos de malversación e infidelidad en la custodia de documento público. Tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento han recurrido esta decisión.