Ha pasado un año de la explosión de grisú que le costó la vida a cinco mineros en la mina de Cerredo (Asturias). Rubén Souto (50 años), Ibán Radío (54), Jorge Carro (32), David Álvarez (33) y Amadeo Castelao (48) fallecieron en la mayor tragedia minera de las últimas tres décadas en la región.

Un año después, sus familias y los cuatro compañeros que sobrevivieron a la catástrofe continúan pidiendo justicia y la depuración de todas las responsabilidades.

El sentir de los allegados es de una espera dolorosa. Antonio Fernández, que está al frente de UGT en el Valle leonés de Laciana y mantiene un contacto con alguna de las familias y supervivientes de la tragedia y ha resumido en COPE Asturias su principal anhelo: que la justicia actúe “con contundencia, que lo pague quien lo tenga que pagar”.

El dolor sigue siendo inmenso 365 días después. “Fue muy fuerte, las familias siguen destrozadas”, remarca Vázquez que prefiere no hablar con ellos de lo sucedido en Cerredo porque “se rompen”.

Y aunque no hay consuelo, algunos familiares se han sumado a la ofrenda floral organizada la localidad leonesa de Villablino, de donde eran cuatro de los fallecidos, para recordar a las víctimas ante el Monumento al Minero.

Por el momento, todas las vías abiertas apuntan a que en el interior de esta mina de montaña situada en el límite entre Asturias y León se estaba extrayendo carbón, que la empresa Blue Solving carecía de autorización para hacerlo y que las condiciones de seguridad eran insuficientes e inadecuadas..

No solo el testimonio de algunos de los heridos que sobrevivieron a la explosión lo ha puesto de relieve, también el Servicio de Minas del Principado que hace un par de semanas emitió un informe que concluye que la actividad desarrollada en Cerredo era “clandestina”, que no estaba autorizada la extracción de carbón, que se incumplían medidas de seguridad y organización de los trabajos, y que no había un sistema adecuado de ventilación de las galerías.

La falta de seguridad es uno de los puntos más criticados. Javier Vázquez, representante de Comisiones Obreras en la Comisión de Seguridad Minera del Principado, lo tiene claro y apunta a las responsabilidades políticas.

Según Vázquez, “tienen responsabilidades quienes dirigían la Consejería de Industria y, también, el Gobierno de Asturias porque esto es un es un despropósito total desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista de seguridad, es completamente inadmisible”.

Ya once días después del siniestro, la entonces consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, dimitió tras afirmar que las condiciones de trabajo en la mina no se daban “ni en el peor de los chamizos”.

En el frente judicial, el Juzgado de Cangas del Narcea mantiene como investigados por cinco delitos de homicidio por imprudencia y cuatro de lesiones al empresario Jesús Rodríguez Morán, a su mujer, a su hijo y al director facultativo de la mina, José Antonio Fernández Casillas. La instrucción ha sido prorrogada a la espera de informes pendientes.

Paralelamente, una comisión de investigación en el parlamento asturiano ha recabado durante meses el testimonio de más de 70 comparecientes.

Aunque sus conclusiones no se han emitido, PP, Vox y Foro ya apuntan a graves deficiencias de seguridad no detectadas por la administración.

Sin embargo, la promesa del presidente del Principado, Adrián Barbón, realizada el mismo día del accidente, de llevar a cabo una inspección interna para determinar los fallos en el Servicio de Minas del Principado sigue sin materializarse en un informe un año después. Tampoco se ha resuelto la controversia entre el Gobierno central y el asturiano sobre el conocimiento que se tenía de la extracción de carbón en la zona.