Tribunal rechaza medida cautelar urgente sobre la licitación de la Plaza de Toros de Zaragoza

Tribunal rechaza medida cautelar urgente sobre la licitación de la Plaza de Toros de Zaragoza
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Tribunal rechaza medida cautelar urgente sobre la licitación de la Plaza de Toros de Zaragoza

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La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha desestimado la petición de medidas cautelarísimas presentada contra el acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) que anuló el proceso de licitación para la explotación de la Plaza de Toros de Zaragoza, conocida como el Coso de la Misericordia.

La Diputación de Zaragoza, propietaria de la plaza, había solicitado estas medidas urgentes argumentando las graves consecuencias que la anulación de la licitación tendría para la fiesta taurina y el impacto económico y social en la provincia y en la capital aragonesa.

Sin embargo, los magistrados del TSJA no consideraron justificada la urgencia de adoptar una decisión sin escuchar previamente a las partes interesadas. En su auto, señalan que es “más acorde con el principio de audiencia dilatar la decisión cautelar unos días” para permitir que se presenten alegaciones.

El tribunal ha anunciado que dará trámite a las alegaciones de las distintas partes antes de tomar una decisión cautelar.

Consideran relevante que la resolución del TACPA data del 18 de marzo y la solicitud de cautelar se presentó ayer, lo que cuestiona la premura alegada.

El TSJA denegó la cautelarísima y tramitará el procedimiento de forma ordinaria, dando traslado de la petición a la administración recurrente y al TACPA para que emplacen a los participantes en la licitación y a los recurrentes. Estos tendrán un plazo común de dos días para presentar las alegaciones que consideren oportunas en defensa de sus derechos.

Discrepancia sobre el tipo de contrato

La controversia principal radica en la modalidad de gestión de la Plaza de Toros de la Misericordia.

Se discute si debe realizarse mediante un arrendamiento de un bien patrimonial o a través de un contrato de concesión de servicios, cuestión que ha motivado los recursos presentados ante el TACPA y la solicitud de la medida cautelar.