Mientras un grupo de docentes y estudiantes convocados por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires asiste a una clase pública en la calle, a poca distancia del apartamento de la calle Miró donde vive Manuel Adorni, el jefe de Gabinete del presidente Javier Milei no puede justificar su cambio notorio de nivel de vida lujoso y enfrenta una investigación judicial por enriquecimiento ilícito.

Paradójicamente, el alto funcionario es quien debe aplicar la Ley de Financiamiento Educativo Universitario y Recomposición del Salario Docente. Más aún, la Justicia federal ha retificado este martes el fallo que obliga al Ejecutivo a cumplir con dicha normativa.

De un lado de la calle están los docentes y alumnos de distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires participando en la clase abierta; del otro, una hilera de policías que impiden a cualquier transeúnte poder acercarse al edificio donde vive Adorni y del que se marchó a las 09.00 de la mañana sin hacer declaraciones.

El funcionario vive a tan solo 100 metros de la Facultad de Filosofía y Letras en el barrio Caballito de la capital.

Adorni adquirió el apartamento de la calle Miró en noviembre de 2025, apenas dos semanas después de ascender de portavoz presidencial a la Jefatura de Gabinete. Ese inmueble más otras viviendas están en la mira judicial, así como el viaje en vuelo privado que hiciera Adorni con su familia en el feriado de carnaval y los excesivos gastos de tarjetas de crédito. La esposa de Adorni, Bettina Angeletti, fue incluida en el avión presidencial cuando la comitiva viajó a Nueva York recientemente.

El fiscal Gerardo Pollicita le pidió al juez federal Ariel Lijo que disponga una serie de medidas probatorias sobre las propiedades y también los viajes, y el magistrado resolvió el lunes delegarle la causa al fiscal, que puso en marcha las medidas.

Sentado en uno de los pupitres al aire libre, Axel Piñeiro, estudiante de Filosofía, señala a elDiario.es que cada vez más profesores están teniendo que dejar la universidad pública por su situación salarial. “Hay docentes que se van porque no llegan a fin de mes. Esta ley se votó varias veces en el Congreso y el Gobierno no la aplica.

Después nos venimos a enterar de que Adorni vive a la vuelta de nuestra facultad, que gasta para ir a Punta del Este el equivalente a 18 salarios docentes. Es una barbaridad”.

Los salarios cayeron un 43% desde que Milei llegó a la presidencia a fines de 2023 y un docente del sector púbico que imparte 10 horas de clase semanales gana unos 188 euros. Un profesor titular de cátedra con varios cursos y antigüedad cobra menos de 2.000 euros.

El apartamento en el que vive Adorni, de 200 metros cuadrados, con cochera, fue escriturado por el funcionario en 230.000 dólares (200.000 euros). De por sí, una propiedad en esta zona de Caballito ronda los 2.000 euros el metro cuadrado, no 1.000, según expertos inmobiliarios. La forma en que se financió la adquisición del inmueble es aún más llamativa: el 87% del dinero fue prestado por dos mujeres que, según dijeron al periódico La Nación, parecen desconocer quién es Adorni o que le hayan prestado dinero con una hipoteca.

Lucas Falcón, estudiante de Psicología, señala sobre esta clase abierta de protesta: “Esto es una toma de conciencia de lo que está pasando, un golpe para Adorni.

Seguramente él no esté acá. Muestra lo que es Argentina ahora: no hay plata para los estudiantes y los jubilados ni para los discapacitados, según el presidente, pero sus ministros la despilfarran”.

Antes de asumir el cargo de vocero, Adorni y su esposa, Bettina, vivían en un apartamento en Parque Chacabuco (de 115 metros cuadrados). Él declaró otro a nombre suyo en La Plata (de 107 metros cuadrados), que tenía desde 2016.

En los registros figura otra propiedad a nombre de su esposa en Parque Avellaneda. En su declaración jurada incluyó un Renault Captur de 2019 y un Jeep Compass Sport de 2021 que compró en 2024; depósitos en el país por 180.000 pesos (112 euros) y en el exterior por 9 millones de pesos (5.600 euros). Fondos de inversión: 10.000.000 de pesos (6.200 euros). Y ahorros cerca de 43.000 euros.

Las dos propiedades que Adorni no incluyó en su declaración patrimonial de 2025 son el apartamento de Miró y una casa en el country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz, de al menos 260.000 euros.

A esto se suman el pago de pasajes, como el de su esposa de regreso desde Nueva York, por unos 5.000 dólares, y los 9.000 dólares de vuelo privado a Punta del Este, Uruguay. Sobre el asunto, el funcionario declaró: “Con mi plata hago lo que quiero”. Sin embargo, un broker de vuelos, el piloto Agustín Issin Hansen y su secretaria, Vanesa Tossi, afirmaron que los viajes a Uruguay los pagó el presentador de la TV Pública Marcelo Grandio, amigo de Adorni que tiene contratos con el Estado.

Según distintas informaciones, habría que agregar gastos siderales en tarjetas de crédito suyas y de su esposa, que la diputada Marcela Pagano calculó en unos 10.000 euros mensuales. Pagano, quien se escindió del oficialismo, ya presentó varias denuncias sobre los bienes de Adorni. En la última, pidió que se investigue si le pertenece una casa residencial en San Isidro, provincia de Buenos Aires.

El docente Guido Clape, que imparte Macroeconomía en la Facultad de Economía, participa de la clase abierta.

“La voy a hacer fácil para que Adorni entienda”, dice y agrega: “Es muy fuerte el contraste entre un tipo que lleva una vida como la que lleva este funcionario y la situación calamitosa a la que estamos sujetos los docentes. Un salario con 10 horas semanales es de 300.000 pesos (188 euros). Hay muchos compañeros que están trabajando en aplicaciones como Rappi o Uber”.

En medio de las medidas de fuerza en las facultades por reclamos de aumentos salariales y de presupuesto, la Justicia ha fallado este martes a favor de las universidades públicas que pidieron la implementación de la ley que fue aprobada por el Congreso en septiembre del año pasado.

Así, la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal le asesta un duro revés al Ejecutivo de Milei al rechazar la apelación que había presentado para frenar la normativa.