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El Partido Popular de Lugo ha denunciado una supuesta irregularidad en la Diputación Provincial, acusando al alcalde de la ciudad de favorecer la contratación de su hijo. Según los populares, la negativa a prorrogar el contrato de una funcionaria en las mismas condiciones que a otros dos empleados públicos permitió la creación de una vacante que fue ocupada por el hijo del alcalde el pasado 20 de marzo.

“Agencia de colocación”, así define el PP la gestión de personal en las instituciones públicas gobernadas por PSOE y BNG, acusándolos de priorizar intereses personales y familiares por encima del servicio público.

Tras su nombramiento, el nuevo funcionario fue comisionado de nuevo al Ayuntamiento de Burela, donde ya trabajaba, lo que, según el PP, demuestra una operación planificada desde el principio.

La comisión de servicio se basa en el artículo 55 del Real Decreto 128/2018, destinado a municipios de menos de 1.000 habitantes, condición que Burela no cumple.

Los populares advierten que este hecho podría invalidar futuros acuerdos o resoluciones.

La funcionaria afectada ha presentado un recurso judicial contra la decisión, argumentando que la negativa a su prórroga carece de justificación.

Elena Candia y Antonio Ameijide, representantes del PP, han criticado duramente la gestión de personal en el Ayuntamiento y la Diputación, contrastándola con la rapidez en este caso concreto frente a los problemas estructurales de personal que persisten desde hace años en ambas instituciones.