El abogado Antonio Camacho, defensor de Begoña Gómez, ha endurecido este miércoles su exposición ante el juez Juan Carlos Peinado, durante la comparecencia sobre la transformación de la causa a través de la Ley del Jurado. En un punto de su intervención, Camacho ha expuesto la ausencia de un solo indicio para la acusación por uno de los delitos, el de instrusismo, y ha expuesto los “olvidos” de Peinado en su último auto, como las declaraciones y documentos que exclupan a su cliente.

“Este letrado a veces piensa que está en presencia de una pesadilla, porque esto es radicalmente claro y nos encontramos con una acusación que sigue manteniendo que se ha cometido el delito de intrusismo. ¿Dónde están las garantías?

¿Qué es en lo que se pretende avanzar? ¿En la justicia? No. Esto lo tenemos absolutamente claro.

Aquí se está haciendo y permitiendo hacer otra cosa”, ha dicho Camacho, según fuentes presentes en la declaración. 

La Fiscalía y las defensas de Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés han solicitado este miércoles al juez que archive la investigación abierta hace casi dos años tras una querella presentada por Manos Limpias y que ha ido ampliando apoyándose en las acusaciones populares, algunas vinculadas a la extrema derecha. Así se han pronunciado durante la comparecencia ante el magistrado sobre la transformación a través de la Ley del Tribunal del Jurado del procedimiento por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación. 

Es la tercera vez que el juez les cita para para comunicarles que si finalmente se sientan en el banquillo será un tribunal formado por ciudadanos quien determine si son o no culpables tras las correctivas de la Audiencia Provincial. La instancia superior, le obligó primero a acumular la causa en un único procedimiento y, después, a motivar su resolución y relatar los indicios que atribuye a los tres investigados. Peinado lo hizo a través de un auto del pasado 20 de marzo, en el que acusaba a Begoña Gómez de aprovecharse de su “posición institucional” como mujer del presidente para beneficiarse de un cambio “radical” en su trayectoria profesional.

Y de apoyarse, para ello, en los otros dos investigados.

El magistrado ha citado este miércoles a las defensas de la esposa del presidente del Gobierno, de su asistente y de Barrabés para comunicarles que si finalmente se sientan en el banquillo por los delitos que les atribuye será un tribunal formado por ciudadanos quien determine si son o no culpables. Es una citación en la que los investigados pueden estar representados por sus defensas, por lo que no han acudido personalmente al juzgado.

En relación con los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, las acusaciones sostienen que Begoña Gómez logró un trato de favor de la Administración para Barrabés, quien daba tres clases en el máster que ella codirigía en la Universidad Complutense y por las que cobraba 150 euros brutos cada una.

La tesis del magistrado es que el empresario fue el encargado de diseñar y elaborar los contenidos académicos de una parte de uno de los másteres vinculados a la cátedra. Y que, en el mismo “marco temporal”, Begoña Gómez actuó “en favor” de sus “intereses empresariales”.

Respecto a la asesora, el juez cree que Cristina Álvarez actuó como asistente privada de Begoña Gómez, lo que, a su juicio, constituye un delito de malversación. Como indicios, el juez apunta los correos que la asesora envió desde su cuenta oficial de la Presidencia del Gobierno actuando expresamente “en nombre de Begoña” para buscar financiación y gestionar convenios con empresas.

Y también a las declaraciones de testigos que “refuerzan la conclusión” de que Cristina Álvarez “era percibida por terceros no como mera asistente protocolaria (…), sino como persona integrada en el equipo de trabajo de la cátedra y del proyecto tecnológico vinculado al software”.

La existencia de ese software, una herramienta informática vinculada a la cátedra, motiva las acusaciones por delitos de intrusismo profesional y apropiación indebida. El juez investiga si la esposa de Sánchez incurrió en el primero de esos delitos por firmar un pliego en una licitación de la Complutense; y si cometió apropiación indebida por registrar el logo de la página web de los dos másteres que impartía en esa universidad y por los que cobraba 15.000 euros anuales.