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La esperada regularización extraordinaria de migrantes en España, anunciada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no comenzó el 1 de abril como se preveía. Este proceso, que podría beneficiar a cerca de medio millón de extranjeros, ha generado controversia y plantea numerosas interrogantes.

La ministra Elma Saiz admitió la imposibilidad de iniciar el proyecto en la fecha prevista. Aunque el plazo exacto no ha sido definido, se asegura que concluirá el 30 de junio, garantizando “tiempo suficiente” para las solicitudes.

¿En qué consiste la regularización extraordinaria?

Es crucial distinguir este proceso de las vías ordinarias para solicitar residencia o permisos de trabajo. En Cantabria, por ejemplo, más de 1.900 extranjeros en situación irregular podrían optar a esta regularización.

Se espera que este proceso otorgue más derechos a los solicitantes, como explica Ana María Uría, abogada especializada en extranjería y voluntaria de Cáritas Diocesana de Santander.

“Se les va a dar una dignificación a su situación con su autorización de residencia y de trabajo. Serán dados de alta en la seguridad social, trabajarán con un contrato laboral por delante”, señala Uría. La abogada desmiente la idea de que los migrantes “quitarán” trabajo a los españoles, destacando la falta de mano de obra existente, especialmente en Cantabria.

Es importante recalcar que esta regularización no otorga la nacionalidad española ni el derecho a voto, sino que permite trabajar de manera legal, integrándose al sistema y firmando contratos de trabajo.

Requisitos para solicitar el permiso de residencia y trabajo

Para optar a la regularización extraordinaria, es necesario:

• Justificar la presencia en España antes del 31 de diciembre de 2025.
• Acreditar una permanencia continua en España de al menos 5 meses.
• No tener antecedentes penales en España ni en el país de origen en los últimos 5 años.
• Presentar el pasaporte.

El desafío de los “irregulares crónicos”

La situación de las personas indocumentadas, los “irregulares crónicos”, representa un reto. Ana María Uría explica: “Se trata de personas indocumentadas, que son muertos civiles, que han venido de procesos terribles de asilo o migratorios muy duros y que no tienen un país de origen”.

La falta de documentación, incluyendo pasaportes y antecedentes penales, dificulta su regularización.

Incertidumbre sobre el inicio y la capacidad administrativa

A pesar de que la fecha límite para presentar solicitudes es el 30 de junio, la fecha de inicio sigue siendo incierta. Se espera que la norma se publique tras la Semana Santa, posiblemente el 7 o el 14 de abril.

El retraso en la entrada en vigor de la regularización podría colapsar los servicios encargados de tramitar las solicitudes. Ana María Uría advierte: “Se van a tener que presentar no sabemos cuándo ni sabemos en qué lugares. El nivel de solicitudes va a ser impresionante, va a ser una avalancha en todos los sentidos”.

La voluntaria de Cáritas expresa su preocupación sobre la capacidad administrativa para gestionar un proceso de esta magnitud en tan poco tiempo: “El gran reto es que no sabemos si tenemos el suficiente músculo administrativo para sostener una regularización de este tipo.

Los lugares físicos de presentación intuimos, que va a ser Seguridad Social, Delegación de Gobierno y no sabemos si la Oficina de Extranjería. En tres meses esto no se va a poder resolver”.