El Gobierno de Ayuso inicia los trámites para crear el registro de objetores al aborto
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La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el proceso para crear un registro de objetores de conciencia al aborto, dando cumplimiento a una medida cautelar dictada por la Justicia. El proyecto de orden de la Consejería de Sanidad, que establece la creación del registro, ha sido publicado en el Portal de Transparencia de la Comunidad para consulta pública, abriendo un plazo de 30 días hábiles para la presentación de alegaciones.
La memoria del proyecto señala que el objetivo es acatar la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ordenó al Gobierno regional iniciar los trámites para la creación del registro. Según el documento, los procedimientos internos actuales en los hospitales de la Comunidad de Madrid garantizan el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia y la prestación del aborto en los términos establecidos en la ley.
Actualmente, la Comunidad de Madrid externaliza la práctica totalidad de las interrupciones de embarazo, habiendo gastado 22 millones de euros en seis años para derivar abortos de la sanidad pública a la privada.
El TSJM atendió la medida cautelar solicitada por la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Sanidad. La resolución judicial no exigía la creación inmediata del registro, pero sí imponía la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios e implantarlo conforme al protocolo consensuado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
El protocolo de coordinación para la implantación del registro en todas las administraciones sanitarias fue aprobado por unanimidad el 16 de diciembre de 2024, con la participación de todas las comunidades autónomas.
Requerimiento del Ministerio de Sanidad
El 14 de octubre de 2025, el Ministerio de Sanidad envió un requerimiento a Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid, dando un plazo de un mes para responder sobre el registro. Transcurrido el plazo, la ministra del ramo anunció que el Gobierno iniciaría un contencioso. Dos días después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró que el aborto es “un derecho esencial, convertido en negocio” para la Comunidad de Madrid, algo que el Ejecutivo no iba a “permitir”.
El 16 de enero, el departamento que dirige Mónica García anunció la presentación de un recurso contencioso-administrativo. La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid afirmó entonces que el Gobierno regional defendería, “con la Constitución en la mano”, la libertad de objeción frente al aborto.
El objetivo de estos listados es que las comunidades autónomas puedan conocer los profesionales disponibles para reorganizar los servicios sanitarios y ofrecer la prestación en centros de la red sanitaria pública. En algunas regiones, como Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Extremadura, el número de interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública es inferior al 1%.
A nivel estatal, el porcentaje es del 21,26%, mientras que el resto se derivan a clínicas concertadas, un *modus operandi* que la ley del aborto pretende modificar.
