Nueva Ley de Renta Valenciana de Inclusión genera controversia
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La reciente aprobación de la nueva Ley de Renta Valenciana de Inclusión (RVI) en las Corts ha desatado una ola de críticas por parte de entidades sociales y sindicatos, quienes aseguran que el texto ha sido “desvirtuado” durante su trámite parlamentario. A pesar de que la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia estima que la reforma ampliará la cobertura a más de 7.000 nuevas familias, alcanzando un total de 37.000 hogares, diversas organizaciones denuncian que la ley impone nuevas barreras, “estigmatiza” la pobreza y excluye a los más vulnerables.
El Consell Valencià de Treball Social (CVTS), que agrupa a los colegios profesionales de Trabajo Social de Castelló, València y Alicante, ha expresado su “rotundo desacuerdo” con la ley. Aunque reconocen la “actitud proactiva” del Consell durante el proceso, lamentan que el texto final “en lugar de avanzar en justicia social, levanta nuevas barreras para las personas en situación de exclusión”.
María José Pérez, presidenta del Consell Valencià de Treball Social, ha declarado que “no podemos mantener el respaldo a una ley que ha sido desvirtuada en su trámite parlamentario”. Según Pérez, lo que comenzó como un proyecto para ampliar derechos se ha transformado en una norma que impone límites temporales injustificados, limitando la RVI a seis años, renovables por tres más. “Obligar a las personas a demostrar cíclicamente su vulnerabilidad extrema no solo es burocráticamente ineficiente, sino que atenta contra su dignidad”, añadió.
Uno de los puntos más controvertidos es la eliminación de la cláusula de excepcionalidad, que permitía atender casos de especial vulnerabilidad que no cumplían estrictamente todos los requisitos. La presidenta del CVTS advierte que “al eliminar la excepcionalidad, se anula la mirada social sobre la realidad y se deja desamparadas a personas en situaciones sobrevenidas que no pueden esperar a acreditar requisitos de residencia o antigüedad”.
Nuevos motivos de exclusión
El Consell denuncia la introducción de nuevos motivos de exclusión que consideran “ajenos a la lógica de la protección social”. Entre ellos, destacan la prohibición de acceso a la renta para quienes hayan sido sancionados administrativamente por determinados delitos en los doce meses anteriores a la solicitud, así como la limitación del derecho a quienes se encuentren en situación de ocupación ilegal de vivienda. Para el CVTS, “vincular el derecho a una renta mínima de supervivencia con antecedentes administrativos o judiciales contradice el principio de inclusión y segundas oportunidades”.
Además, critican la inclusión del concepto de “violencia intrafamiliar”, que consideran un “claro desprecio por la especificidad de la violencia de género y machista”.
Un pacto político cuestionado
El Consell Valencià de Treball Social considera que el texto definitivo responde a un pacto político que prioriza el control sobre la protección, alertando de que la Renta Valenciana podría llegar a personas que no la necesitan de forma tan acuciante, mientras se reduce la cobertura para quienes se encuentran en una situación de exclusión más severa.
CCOO-PV también ha manifestado su preocupación, insistiendo en que la reforma introduce un endurecimiento generalizado de los requisitos de acceso con el objetivo de “restringir el acceso a la prestación y excluir a las personas más vulnerables, especialmente a la población migrante y a la juventud en riesgo de exclusión”. El sindicato critica el incremento de los requisitos de residencia, las exigencias de arraigo “historicocultural” y las condiciones para la juventud, que consideran “muy difíciles de cumplir en el actual contexto de acceso a la vivienda”.
CCOO-PV también alerta sobre la dilución del reconocimiento de la violencia de género, sustituyéndola por conceptos genéricos como “violencia intrafamiliar”, lo que supone un “retroceso político e institucional inaceptable” en la protección de las mujeres. Exigen la rectificación de la reforma, la recuperación del enfoque más garantista e inclusivo y el refuerzo urgente de los servicios sociales públicos.
Defensa de la Conselleria
Por su parte, la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia defiende que la nueva ley vincula el mantenimiento de la prestación al compromiso de las personas beneficiarias con el empleo y beneficiará a personas arraigadas en la Comunitat Valenciana en situación de vulnerabilidad. El director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo, Pedro Carceller, califica la aprobación de la norma como “un éxito social que sitúa a la Comunitat Valenciana a la vanguardia de las políticas de inclusión”.
Carceller resalta que la ley “nace del diálogo con los servicios sociales municipales, las entidades del tercer sector y las propias personas en situación de vulnerabilidad”, y agradece el trabajo conjunto que ha hecho posible la tramitación de la norma, “un proceso participativo en el que han colaborado numerosas entidades y colectivos que nos han ayudado a construir una herramienta más justa, más ágil y más humana”.
