Represión a la comunidad evangélica en Medina del Campo durante el franquismo: Multas y coacción policial
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Una investigación revela la opresión que sufrió una pequeña comunidad religiosa en Medina del Campo (Valladolid) durante el franquismo. Esta comunidad fue objeto de arrestos y sanciones económicas con el objetivo de forzarlos a abandonar la fe evangélica hasta la década de los 60.
Restricciones a la libertad religiosa
Si bien el régimen franquista permitía, en teoría, la celebración de cultos religiosos no católicos desde 1945, estos requerían el permiso del gobernador civil y se limitaban a actos privados y vigilados. La situación en Medina del Campo fue diferente, con la comunidad evangélica enfrentando presiones policiales y eclesiásticas, así como fuertes multas por reunirse a rezar.
El historiador Enrique Berzal, autor de un artículo de investigación sobre el tema, explica que las fuerzas del orden irrumpían en la vivienda del pastor, Félix Pradales, y su esposa, María Abrodos, argumentando la falta de una capilla para los actos religiosos. A pesar de las solicitudes de permiso y los intentos de habilitar locales, la comunidad era constantemente perseguida y vigilada.
Persecución y multas
David Prieto, actual pastor de Medina del Campo y descendiente de la comunidad, relata que en los años 40 y 50 los pastores eran acosados constantemente por la policía. El artículo de Berzal, titulado *Persecución franquista contra las minorías religiosas. El insólito caso de los protestantes de Medina del Campo (1948-1962)*, detalla que al inicio del régimen los protestantes eran vistos como una amenaza al predominio social de la Iglesia Católica, lo que motivó su estrecha vigilancia y persecución.
El arzobispo católico, Antonio García García, temía el proselitismo de los protestantes y abogaba por una interpretación restrictiva del Fuero de los Españoles. En una carta de 1948, el arzobispo expresaba su preocupación por el daño que podían causar los protestantes y la necesidad de no dejarles “las manos libres”.
Los feligreses tenían que esconderse y utilizaban contraseñas para alertar sobre la presencia de la policía. En 1948, una reunión dominical de 11 personas fue considerada “clandestina”, resultando en multas elevadas. La comunidad tuvo que recurrir a la solidaridad de otras parroquias evangélicas para hacer frente a las deudas y evitar la cárcel.
Berzal señala que la estrategia era “asfixiarlos a base de deudas y multas” para que abandonaran Medina del Campo. Prieto recuerda que los pastores tuvieron que vender su vivienda en Valladolid para pagar las multas.
Colaboración entre la policía y la Iglesia Católica
La represión se vio facilitada por la ubicación de la vivienda del pastor cerca de la parroquia católica y la fuerte dominación del régimen en Medina del Campo. Además, algunos miembros de la policía local pertenecían a Acción Católica y el gobernador civil estaba “muy unido” a la Iglesia Católica.
Según Berzal, la Iglesia Católica temía que los jóvenes se sintieran atraídos por los cánticos religiosos de la iglesia protestante. También se argumentaba que la población humilde e inculta de Medina del Campo podía ser fácilmente convencida por los protestantes.
El franquismo consideraba a los protestantes como “sectas” que podían traer la desviación y la herejía. Durante la Segunda República, los protestantes disfrutaron de una gran libertad, lo que les llevó a identificarse con el régimen republicano.
A pesar de la persecución, la Iglesia Católica y la policía no lograron expulsar al pastor evangélico y a su familia de Medina del Campo. La solidaridad internacional y la presión ejercida a través de cartas enviadas a distintos niveles de la dictadura franquista contribuyeron a proteger a la comunidad.
Apertura limitada en los años 60
Aunque en 1953 se firmaron los Pactos de Madrid con Estados Unidos, la represión en Medina del Campo no disminuyó significativamente hasta finales de los años 50 y principios de los 60, cuando se les concedió una especie de permiso. Sin embargo, la libertad plena para realizar sus cultos interiores no llegó hasta el primer quinquenio de 1960, momento en que solo quedaba una decena de feligreses.
La Ley de Libertad Religiosa de 1967 permitió las manifestaciones externas, pero siempre bajo la autorización del gobernador civil. La comunidad evangélica seguía sometida a vigilancia y a detenciones por proselitismo.
Incluso en los años 70, se ofrecían trabajos a jóvenes para que abandonaran la iglesia. Prieto recuerda que cuando era adolescente, muchos compañeros desaparecieron de la escuela dominical al cumplir 14 años.
A pesar de que algunos alcaldes han saludado a la comunidad en actos públicos, en otras ocasiones se les ha negado el uso de espacios municipales para actos de culto.
