VICTORIA VECINAL: ALMENDRALEJO DEBERÁ DEVOLVER CUOTAS DE URBANIZACIÓN
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Siete familias de Almendralejo han ganado una batalla legal de cuatro años contra el Ayuntamiento, logrando que se anule la resolución que les obligaba a pagar nuevamente por la urbanización de su calle, un gasto que ya habían cubierto hace más de dos décadas.
El origen del conflicto
El 7 de enero de 2022, el Ayuntamiento aprobó un proyecto de nueva urbanización para la prolongación de la calle Navalmoral de la Mata. El presupuesto, que ascendía a 428.355,92 euros, debía ser sufragado por los 19 propietarios afectados, incluyendo al propio Ayuntamiento, dueño de más del 12% del suelo.
Los vecinos argumentaron que las cesiones obligatorias ya se habían realizado en 1998 y que el Ayuntamiento había recepcionado las obras en 2001, permitiendo la construcción de sus viviendas.
Además, denunciaron que durante veinte años, el consistorio no había llevado a cabo labores de conservación, lo que había provocado que la calle estuviera “llena de baches, el acerado destrozado y apenas sin farolas de alumbrado”.
La vía judicial
A pesar de las quejas, la Junta de Gobierno local aprobó la actuación en septiembre de 2022. Siete propietarios decidieron entonces recurrir a la vía contencioso-administrativa.
Inicialmente, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 de Mérida falló a favor del Ayuntamiento en mayo de 2025.
Sin embargo, los vecinos apelaron al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). El 17 de octubre de 2025, el TSJEx revocó la sentencia inicial y anuló la resolución municipal, estimando las peticiones de los propietarios y cancelando las cuotas de urbanización que estaban pagando desde 2024.
El Ayuntamiento intentó un último recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero este fue inadmitido el 12 de marzo de 2026, finalizando el proceso y dando la victoria definitiva a las familias.
Consecuencias de la sentencia
La resolución judicial obliga ahora al Ayuntamiento de Almendralejo a devolver a los siete propietarios las cuotas de urbanización ya cobradas, junto con sus intereses.
También deberá asumir las costas judiciales de la primera instancia y del Tribunal Supremo.
Se estima que la factura total para el Ayuntamiento ascenderá a unos 85.000 euros adicionales, un gasto que afectará tanto al consistorio como al resto de los propietarios que no recurrieron. Para las siete familias, la sentencia representa el fin de cuatro años de incertidumbre y la satisfacción de que su calle será reparada sin tener que pagar nuevamente por ello.
