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Un funcionario de la prisión de Puerto II ha sido brutalmente agredido por un interno, reabriendo el debate sobre la seguridad en los centros penitenciarios españoles y las condiciones laborales de sus trabajadores.

El incidente tuvo lugar durante el traslado del recluso al Módulo 1. De forma inesperada, el interno atacó al funcionario propinándole dos puñetazos en la cara que lo derribaron, causándole lesiones que requirieron atención médica en la enfermería de la prisión.

Fuentes sindicales señalan que el agresor, que se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico y tenía un historial de conflictividad, representa un perfil de interno cada vez más común y difícil de manejar dentro del sistema penitenciario.

Sindicatos alertan sobre la creciente violencia y la falta de recursos

Acaip y UGT han denunciado que este tipo de agresiones se están volviendo cada vez más frecuentes, exponiendo a los funcionarios a situaciones de riesgo sin la protección adecuada.

La combinación de internos con problemas de salud mental y la escasez de personal especializado crea un entorno especialmente peligroso dentro de las cárceles.

Déficit sanitario y modelo organizativo obsoleto

Las organizaciones sindicales denuncian un grave déficit en el ámbito sanitario penitenciario. Más del 70% de las plazas de médicos están vacantes, mientras que la población reclusa con necesidades psiquiátricas va en aumento. Esta situación afecta directamente la seguridad de los funcionarios, quienes deben intervenir en situaciones de crisis sin la preparación ni los recursos necesarios.

Además, critican que el modelo organizativo de las prisiones no se ha adaptado a la evolución del perfil de los internos.

Las actuales relaciones de puestos de trabajo están diseñadas para una realidad penitenciaria muy diferente a la actual, donde los reclusos presentan problemáticas más complejas y diversas.

La formación en defensa personal también es considerada insuficiente para afrontar intervenciones con internos violentos, especialmente aquellos con antecedentes de agresividad o trastornos mentales.

Exigencias sindicales tras la agresión

Tras este grave incidente, los sindicatos han reiterado sus demandas urgentes para mejorar la seguridad y las condiciones laborales en las prisiones. Entre ellas, destacan el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, lo que reforzaría su protección jurídica frente a las agresiones.

También exigen una revisión profunda de la legislación penitenciaria, la ampliación de las plantillas, la dotación de medios materiales adecuados, la cobertura de las plazas médicas y el desarrollo de una formación específica en gestión de conflictos violentos.

Desde el sindicato CSIF se ha solicitado que el interno agresor sea clasificado en primer grado, el régimen más restrictivo reservado para casos de especial peligrosidad. Consideran que es necesario aplicar esta medida con rapidez para evitar nuevos incidentes.

CSIF critica también lo que considera una política excesivamente permisiva con los internos conflictivos, que favorece la repetición de agresiones. Insisten en que la seguridad no puede depender de la capacidad individual de los trabajadores para gestionar situaciones extremas.

Este suceso pone de manifiesto el desgaste de un colectivo que trabaja bajo una alta presión constante.

Los sindicatos coinciden en que cada agresión refleja un problema estructural que requiere soluciones urgentes.