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El sector ganadero asturiano ha alzado su voz contra lo que consideran una “maniobra política represora” orquestada por la Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra. Un grupo de ganaderos se concentró frente a la Delegación del Gobierno en Oviedo, exigiendo la dimisión de Lastra en respuesta a las sanciones impuestas tras las protestas de finales de enero contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.

Acusaciones de “prácticas franquistas” y órdenes directas

Xuan Valladares, portavoz de Asturias Ganadera, calificó la situación como “una maniobra digna de la dictadura franquista”.

Según declaraciones recogidas por COPE Asturias, la identificación de los ganaderos fue ordenada “de forma expresa” por la Delegación del Gobierno, instando a las fuerzas de seguridad a identificar “al mayor número posible de participantes”. Valladares afirma que un agente les confirmó la directriz, asegurando que existía una orden directa para recoger cuantas más identificaciones, mejor.

Denuncias de multas injustas y “silencio cómplice”

Los ganaderos aseguran que la actuación policial se extendió más allá de los cortes de autopistas, llegando incluso a acceder a establecimientos hosteleros una vez finalizadas las movilizaciones para solicitar documentación a personas que se encontraban en el lugar.

Valladares denunció situaciones “surrealistas”, como la imposición de multas a personas que ni siquiera participaron en las protestas.

Además de la Delegación del Gobierno, las críticas también se dirigieron al Gobierno asturiano, al que acusan de “hipocresía” por su silencio actual, contrastando con el apoyo mostrado en movilizaciones anteriores. Javier García, ganadero de USAGA, exigió que las organizaciones agrarias no asistan al acto del ‘Pacto por el Medio Rural’ en Bruselas hasta que se retiren las multas, advirtiendo sobre posibles consecuencias electorales para el PSOE en el sector rural.

Reacciones políticas y exigencia de responsabilidades

El diputado del Partido Popular, Luis Venta, acusó al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “perseguir a los ganaderos” y a Lastra de “acosarlos para sancionarlos”, contando con el “silencio cómplice” del Presidente del Principado, Adrián Barbón.

Venta aseveró que son “enemigos de los ganaderos asturianos”.

Asturias Ganadera instó a los sindicatos convocantes de las protestas (URA, USAGA, COAG y ASAJA) a asumir los costes de la defensa jurídica de los afectados y el posible pago de las sanciones. También solicitaron a los grupos parlamentarios de la Junta General, como Covadonga Tomé y Ovidio Zapico, que se pronuncien públicamente en contra de lo que consideran una aplicación represiva de la Ley Mordaza.