Huelga indefinida en escuelas infantiles de Madrid por mejoras laborales y atención institucional
Foto: Archivo – Todos los derechos reservados
Las profesoras de las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid (0-3 años) iniciaron una huelga indefinida el martes 7 de abril para denunciar la falta de atención institucional y exigir mejoras en sus condiciones laborales.
Reivindicaciones de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles
Desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) buscan dignificar un sector que se siente abandonado. Exigen una reducción de las ratios (cantidad de niños por profesora) y condiciones similares a las del resto de etapas educativas reguladas en la LOMLOE.
Rosa Marín, portavoz de la PLEI, explicó que las movilizaciones comenzaron tras el anuncio de la nueva ley educativa, que no incluía mejoras para el sector 0-3, limitándose a la gratuidad para las familias.
Las educadoras, especialmente las de la capital, reclaman la implementación de la pareja educativa como recurso pedagógico, atención temprana dentro del sistema educativo, salarios equiparables a los del segundo ciclo (3-6 años), mejoras en las instalaciones, mayor descanso para los niños y mayor inversión.
Denuncian que la Red Pública de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Madrid no ha cumplido sus promesas de subida de salarios e implementación de la pareja educativa.
Conflicto entre trabajadoras e instituciones públicas
La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, considera la huelga como un conflicto entre las trabajadoras y las empresas contratantes, esperando una solución a través de negociaciones.
Sin embargo, la PLEI subraya que el conflicto es con las instituciones públicas, responsables de dotar de medios, recursos y dignidad al sector 0-3. Insisten en que las empresas no pueden hacer más ante la falta de inversión pública.
La PLEI dirige sus reivindicaciones a la Comunidad de Madrid por la financiación insuficiente, al Ayuntamiento de Madrid por la falta de apuesta por la calidad educativa y a los agentes institucionales por tratar la etapa 0-3 como “guardería” en lugar de reconocer su valor pedagógico fundamental.
El PSOE presentó una proposición no de ley para reforzar y blindar el primer ciclo de educación infantil (0-3 años), garantizando estándares homogéneos de ratios, equidad territorial y dos educadores por aula, iniciativa apoyada por Sumar y Podemos.
Las concentraciones se llevarán a cabo frente al Ministerio de Educación, la Consejería de Educación y en la Plaza de Callao.
Precariedad y falta de recursos
Las escuelas infantiles operan con distintos modelos de gestión, lo que genera condiciones laborales desiguales. La mayoría son gestionadas de forma indirecta por empresas privadas, a través de pliegos de condiciones marcados por la administración pública.
La baja inversión obliga a muchas profesoras a aportar su propio dinero para financiar material y recursos. En escuelas de gestión directa, el material está obsoleto, mientras que en las de gestión indirecta, el presupuesto para material depende de la voluntad de la empresa.
Las familias apoyan la huelga, reconociendo el valor del trabajo de las educadoras y sorprendiéndose de sus bajos salarios.
Sector feminizado y ratios elevadas
El ratio de niños por profesora es una de las principales razones de la movilización. Se reclama un ratio acorde a las necesidades de la primera infancia (tres bebés, cinco niños de 1-2 años y seis niños de 2-3 años), coincidiendo con los estándares de la Unión Europea.
Las educadoras sufren estrés, problemas de salud y sobrecarga laboral debido a las elevadas ratios, las mayores de Europa, lo que dificulta la atención individualizada.
La PLEI denuncia la privatización y externalización de los servicios como el principal problema, impidiendo ofrecer un servicio de calidad con infrafinanciación.
Un 97,4% de las trabajadoras de las escuelas infantiles son mujeres. La organización considera que los sectores dedicados al cuidado, tradicionalmente feminizados, sufren una falta de reconocimiento social y condiciones laborales deficientes.
