El Ayuntamiento de Carlet ha aprobado, con los votos de VOX y PP, un nuevo Protocolo de Actuación para prohibir el uso del burka, el niqab y otras prendas que oculten el rostro en las dependencias municipales. La iniciativa, presentada por el portavoz del Grupo Municipal VOX, Javier Marí, se centra en la seguridad de los espacios públicos y la defensa de la libertad de las mujeres.

La propuesta establece como requisito fundamental que “para acceder o permanecer en las dependencias municipales, será necesario permitir la identificación visual del rostro de forma obligatoria”.

Según el texto aprobado, no se contemplan “excepciones, ni por motivos ideológicos, ni religiosos”.

Para el portavoz de VOX, Javier Marí, “esta medida es fundamental para proteger a los empleados públicos y asegurar la correcta identificación de los ciudadanos”. El político ha defendido la necesidad de la norma para garantizar la seguridad en los edificios públicos del municipio.

Marí ha ido más allá y ha calificado el burka y el niqab como “cárceles de tela” y símbolos de opresión que, a su juicio, representan la invisibilidad forzada de la mujer.

Durante su intervención, rechazó que se trate de simples prendas con significado religioso.

El portavoz ha advertido sobre un “choque frontal” con los valores occidentales que atribuye a una “inmigración masiva proveniente de países islámicos”. Según Marí, esta situación importa una cultura “donde la mujer queda relegada a un segundo plano”.

En este sentido, Marí ha afirmado que “muchos de los inmigrantes que han entrado gracias a las políticas de fronteras abiertas profesan el Islam más radical”.

Ha añadido que los más radicales “imponen la sharia, que entre otras cosas, imponen una visión de la mujer que piensa que es un ser inferior”.

La decisión de Carlet no es un caso aislado. Desde principios de 2026, varios municipios de la Comunidad Valenciana han aprobado ordenanzas o mociones para prohibir prendas que oculten el rostro en edificios y dependencias de titularidad pública.

A fecha de marzo de 2026, localidades como Castelló de la Plana, Alicante y Albal (Valencia) ya han impulsado o aprobado esta restricción.

Según informes de ese mismo mes, al menos otros tres municipios de la provincia de Castellón han aprobado medidas en la misma línea.

La justificación de esta medida se ha basado en la mayoría de casos en motivos de seguridad ciudadana y en la obligatoriedad de identificación personal en las dependencias públicas. Asimismo, los proponentes defienden que es una forma de proteger la igualdad de la mujer, al considerar estas prendas un símbolo de sumisión.