PSOE denuncia sanción de la Xunta a Valdoviño por la piscifactoría de Meirás
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El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha manifestado su enérgico rechazo a la sanción impuesta por la Xunta de Galicia al Ayuntamiento de Valdoviño, en relación con la problemática de la piscifactoría de Meirás. Tras una reunión entre el diputado autonómico Aitor Bouza y el alcalde de Valdoviño, Alberto González, el PSOE ha anunciado que elevará el caso al Parlamento gallego para exigir responsabilidades.
Abandono y falta de apoyo
El alcalde Alberto González ha denunciado lo que considera un “abandono” total de la infraestructura por parte del gobierno autonómico.
Según González, el Ayuntamiento nunca recibió respuesta ni apoyo de la Xunta para buscar una solución conjunta a la situación de la piscifactoría. Afirma que el Consistorio ha intentado durante años mantener una colaboración constante para lograr la recuperación ambiental del espacio y destinar sus instalaciones a usos ciudadanos y en beneficio de los mariscadores locales.
González lamenta que, a pesar de que la Consellería de Medio Ambiente no autorizó en su momento las actuaciones necesarias para evitar vertidos en la zona, ahora opte por sancionar al Ayuntamiento.
“En lugar de buscar una solución a través de los antiguos propietarios, buscan que sean los vecinos de Valdoviño quienes paguen una multa que no merecen”, declaró el alcalde.
Señalamiento político
El diputado Aitor Bouza ha puesto el foco en lo que considera un conflicto de intereses dentro de la administración autonómica. Bouza ha señalado directamente a la jefa de gabinete de la Consellería de Medio Ambiente, órgano que impulsa la sanción, destacando que ella es, a su vez, la portavoz del Partido Popular en Valdoviño.
“En vez de apostar por la colaboración entre administraciones, se opta por que los vecinos a los que ella dice querer representar tengan que pagar esta sanción”, denunció el diputado.
Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Socialista exigirá explicaciones formales en el Parlamento gallego para esclarecer por qué se ignoraron los requerimientos preventivos del Ayuntamiento y si existe una intencionalidad política detrás de la decisión económica.
