El futuro del Parque de Atracciones de Zaragoza se encuentra en una situación de máxima incertidumbre. La empresa gestora ha comunicado a las familias con eventos contratados y a los trabajadores su intención de abrir de forma parcial durante abril y mayo únicamente para celebrar dichos banquetes y comuniones, pero no lo ha notificado oficialmente al Ayuntamiento de Zaragoza. El consistorio, por su parte, asegura no haber recibido el preceptivo plan de apertura y calendario de actividad que exige la orden de continuidad dictada la semana pasada. Esta falta de comunicación mantiene en vilo el funcionamiento del icónico recinto, la seguridad de las instalaciones y el futuro de sus 81 trabajadores, mientras la compañía afronta un concurso de acreedores.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza ha manifestado su sorpresa y malestar por conocer los planes de la concesionaria a través de los medios de comunicación y no por los canales oficiales.

El consejero de Presidencia, Ángel Loren, ha sido contundente con la empresa gestora. El consistorio está a la espera de un documento fundamental para poder autorizar cualquier actividad: un planning detallado sobre cómo y cuándo se procederá a la reapertura, acompañado de los certificados de seguridad de las atracciones.

La postura municipal es firme: la seguridad es lo primero. El Ayuntamiento ha recordado que, al igual que en años anteriores en los que se ha operado con órdenes de continuidad, es imprescindible realizar una inspección técnica de las atracciones para garantizar su correcto funcionamiento. “La inspección de las atracciones se va a hacer como siempre se ha hecho y se va a priorizar sin ninguna duda la garantía de esas instalaciones”, ha afirmado Loren.

Sin el plan de apertura y sin estas revisiones, el parque no podrá operar. El gobierno municipal ha dejado claro que sobre la mesa están posibles sanciones por incumplimiento del pliego de condiciones, aunque estudiarán los pasos a seguir una vez reciban la propuesta de la empresa.

La pelota está, por tanto, en el tejado de la empresa gestora. El Ayuntamiento ha insistido en que no puede pronunciarse sobre escenarios hipotéticos, como una apertura exclusiva para banquetes sin atracciones. “Sobre escenarios posibles, pero que no conocemos la voluntad, sería muy indecoroso por mi parte que yo opinase”, ha señalado el consejero.

La administración ha sido clara al respecto: “El concesionario nos debe trasladar cuál es su voluntad de ejercer esa orden de continuidad”. La respuesta del consistorio, una vez llegue la propuesta, será “rápida y ágil”, avalada por informes técnicos.

En medio de esta disputa administrativa, se encuentran las familias que contrataron celebraciones como comuniones y bodas. Según la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), la situación es “muy complicada y de indefinición”. Su presidente, José Ángel Oliván, ha explicado que, aunque el servicio de restauración podría prestarse a través de una subcontrata, no hay certeza sobre si las atracciones estarán operativas.

La UCA recomienda a los afectados “recopilar toda la documentación necesaria” y documentar con fotos y vídeos cualquier posible merma en la calidad del servicio contratado para futuras reclamaciones, que podrían complicarse debido al concurso de acreedores de la empresa.

Paralelamente, la plantilla de 81 trabajadores vive una situación límite. La empresa ha presentado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que ha finalizado sin acuerdo con los sindicatos. La secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de CCOO en Aragón, Begoña Pérez, ha denunciado la falta total de información por parte de la empresa. “Van a abrir los meses de abril y mayo para los eventos que tenían concertados, y eso es lo que nos han dicho.

Tampoco sabemos ni qué días”, ha declarado, confirmando la opacidad de la compañía.

El conflicto tiene raíces profundas. La empresa concesionaria, Parque de Atracciones de Zaragoza S.A., perteneciente a la familia Morte, se encuentra en concurso de acreedores, una situación que, según el propio ayuntamiento, “no ayuda mucho”. Además, la compañía todavía adeuda 200.000 euros al consistorio por un canon no abonado en el pasado y que fue ratificado por la justicia. Este complejo escenario empresarial es la antesala de un cambio en la gestión.

Una nueva sociedad, Moncayo Leisure, formada en un 80% por el grupo argentino Fénix Entertainment y en un 20% por la actual gestora, ganó el concurso para operar el parque los próximos 50 años.

La crisis también ha desatado una tormenta política. El PSOE, a través de su portavoz Lola Ranera, ha exigido a la alcaldesa Natalia Chueca “que haga una subrogación de los 81 trabajadores” para que el consistorio se haga cargo de la plantilla. El gobierno se ha defendido acusando al PSOE de irresponsabilidad y de defender los intereses de la empresa en lugar de los de los zaragozanos. Lorén recuerda que la ley “no permite la subrogación del personal de una concesión demanial, sólo es posible entre empresas privadas”. 

Por su parte, VOX ha criticado la gestión municipal, afirmando que “cuando los politicazos acaban metiendo su mano en los negocios, acaban pagando el pato los de siempre, los trabajadores y los ciudadanos”. 

De cara al futuro, el ayuntamiento se aferra a la nueva concesión como una oportunidad para tener un parque de atracciones “como se merece Zaragoza”.

La nueva adjudicataria, Moncayo Leisure, ha depositado una fianza de 600.000 euros, la más alta exigida hasta la fecha, que el consistorio ejecutaría si la empresa no asume finalmente la gestión en noviembre. Mientras tanto, la ciudad contiene la respiración, a la espera de que la actual concesionaria mueva ficha y aclare si el emblemático parque volverá a abrir sus puertas, aunque sea de forma limitada.