La familia de Haitam Mejri, fallecido en un locutorio de Torremolinos durante una intervención policial, asegura que recurrirá el archivo de la causa. “Por mucho que quieran dilatar esto, no nos vamos a cansar. Iremos a la Audiencia Provincial, al Tribunal Supremo y hasta Europa si hace falta”, anticipa su hermano Nasser, que ya preveía que la jueza achacaría la muerte al “delirio agitado” de Haitam, causante a su vez de un fallo cardiaco que le produjo la muerte súbita.

“Lo que me sorprende es que después de tantas pruebas y datos hayan preferido encubrir esta locura”, señala Nasser, que ha ejercido de portavoz familiar desde la muerte de su hermano.

La decisión de la jueza de instrucción abre ahora la puerta a que una instancia superior valore si hay algún delito en la actuación policial. “Sólo pido que el próximo juez que lea el recurso mire las pruebas; que no me crea a mí o a nadie, sino que vea los hechos y juzgue si es justo que no se investigue esta causa, sin tomar siquiera declaración a los policías”, proclama Nasser, que ve en el archivo elementos de prevaricación judicial que se sumaría a los presuntos delitos de lesiones, torturas, homicidio, omisión del deber de socorro o falsificación documental que observa en los vídeos: “La jueza no ha querido investigar nada. Seguimos teniendo esperanza en que se haga justicia, pero lo que nos ha tocado dejan mucho que desear y se delatan con sus hechos”.

Los abogados de la familia ya presentaron ante el Consejo del Poder Judicial una queja contra la jueza, por entender que ha entorpecido su derecho a la tutela judicial efectiva denegándole la práctica de diligencias y limitando su derecho a recurrir.

Reacción de partidos, ONG y sindicatos policiales

El archivo de la causa por la jueza provocó este jueves la reacción crítica de partidos de izquierda y entidades de derechos humanos, y la celebración de sindicatos policiales.

“Esto no es hacer justicia: es dar portazo a la verdad. El archivo es un insulto y provoca profunda tristeza por Haitam y por su familia.

Vergüenza de actuación judicial. Espero que el recurso prospere y se haga justicia”, escribió Toni Valero, uno de los diputados de IU que ha interpelado al Gobierno por este asunto.

“Sin una justicia plegada al racismo y al mantenimiento de los privilegios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no se entendería esta impunidad insoportable. Nadie con un mínimo de honradez que haya escuchado los audios de la policía puede archivar este caso”, posteó Ione Belarra, secretaria general de Podemos.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) exigió la reapertura del caso, depuración de responsabilidades penales, transparencia y revisión del uso de las táser.

“La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece claramente una obligación del Estado investigar muertes en contextos de actuaciones policiales”, advierte Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional, que cita algunos elementos del caso: el uso de táser a una persona bajo los efectos de las drogas o con delirio agitado [el fabricante desaconseja su uso en esos casos] mediante aplicación directa, “que es más doloroso y puede suponer tortura”, el uso de spray estando inmovilizado… “Hay una discusión sobre la relación causal entre estos elementos de la actuación policial y la muerte de una persona que en ningún momento supuso una amenaza vital para los agentes u otras personas. Es una obligación del Estado investigarlo con todos los estándares internacionales en la mano”, señala Canales a elDiario.es.

En un hilo en X, Amnistía Internacional califica de “inaceptable” el archivo basado únicamente en la autopsia.

Defensa “sin matices” de los sindicatos policiales

En cambio, los sindicatos policiales han celebrado el archivo. “Nadie quería ese resultado y dimos en directo el pésame a sus familiares. Ahora bien, nada justifica el acoso que han recibido mis compañeros desde el primer día y espero que esto pare”, señaló Laura García, portavoz de Jupol, que antes había posteado: “Espero que salgan a pedir disculpas todos los que apuntaron a los #policias como autores de su muerte.

Pero esperaré sentada porque no lo harán”.

“Hoy no pedimos aplausos. Pedimos memoria. Y, sobre todo, lo que queremos es que esto sirva para recordar cuál debe ser siempre la razón de ser de los sindicatos policiales: defender a los policías, sin matices y desde el primer instante”, señala Unión Federal de Policías.

Algunos de estos sindicatos difundieron durante días versiones apócrifas que achacaban al fallecido intenciones delictivas. El 10 de diciembre, tres días después de la muerte, Jupol tuiteó: “Todo nuestro apoyo a los compañeros que intervinieron en #Torremolinos ante un sujeto muy agresivo que les recibió al grito de Alá es grande esgrimiendo unas tijeras”.

Los vídeos que muestran la intervención completa (3 horas y 40 minutos) no muestran que les recibiera al grito de “Alá es grande” (sí les dijo que iba a rezar, justo después de decirles “voy a colaborar con vosotros”) ni que “esgrimiera unas tijeras”: no se observa ninguna amenaza y sí que lleva unas tijeras escolares que suelta cuando se lo dicen. Jupol no ha retirado su post.

La jueza sólo apunta al consumo de droga

Tras cinco meses de instrucción en los que ha recabado los vídeos y los informes de autopsia, pero no ha tomado declaración ni a los agentes ni a posibles testigos de los hechos, la jueza María José Alcázar ha concluido que la muerte del hombre se debió únicamente a que el consumo de cocaína le causó un cuadro de “delirio agitado” que le produjo la muerte súbita por una parada cardiorrespiratoria, y que la intervención policial no merece ningún reproche penal.

La jueza sustenta el archivo en el informe oficial de autopsia, que concluye que la muerte de Haitam tiene como “causa inmediata” la “reacción adversa por consumo de sustancias tóxicas” y como “causa fundamental” el “delirio agitado sobre la base de un corazón patológico”. La autopsia oficial rebaja a 19 las 86 lesiones documentadas en el informe encargado por la familia al doctor Aitor Curiel.

La autopsia del IML también reduce las entre siete y once descargas táser que se cuentan en los vídeos a sólo dos, en pierna y hombro.

“Hasta ahora sólo teníamos el documento que registra el uso del primer táser, que marcaba que se había utilizado cuatro veces. Ahora tenemos también la del segundo, que marca que se ha usado ocho veces. Son once descargas en la franja crítica con 18,85 segundos acumulados de corriente”, señala su hermano. “Métele más táser”, insiste un agente durante la intervención.

Los forenses han encontrado 0,15 mg/l de cocaína y trazas muy inferiores de ketamina, MDMA y cannabis. Señalan que es inferior a las concentraciones letales, pero la sitúan como causa exclusiva del fallo cardiaco, con la intermediación del “delirio agitado”, un cuadro no reconocido por la OMS y cuyo uso habitual en contextos de muertes en inmovilizaciones policiales han denunciado algunas entidades de derechos humanos.

Los vídeos de la intervención policial

Haitam, que tenía 35 años, falleció el pasado 7 de diciembre durante una intervención de seis agentes de policía que le aplicaron entre siete y once descargas táser de entre 1.000 y 2.000 voltios (todas menos una cuando ya estaba en el suelo y tres de ellas cuando ya estaba engrilletado), le golpearon en la cabeza, le rociaron gas pimienta y le presionaron piernas y tórax para inmovilizarlo durante varios minutos, según se observa en los vídeos. Cuando los sanitarios que trataban de reanimarlo preguntaron qué había pasado, no les dijeron que le habían aplicado la táser.

Haitam había entrado buscando un cargador de móvil, muy agitado y bajo los efectos de las drogas. Forcejeó con el dueño del local, que dio el aviso por un presunto intento de robo, que en realidad no era tal, a tenor de lo que se ve en las imágenes: no cogió dinero de la caja registradora abierta, sino que se limitó a buscar el cargador. No portaba ningún objeto peligroso ni amenazó a los agentes, y sí les dijo en reiteradas ocasiones que iba a colaborar, ofreciendo su mano para que lo engrilletaran.

La intervención policial quedó registrada en cuatro vídeos (dos del local y dos de las cámaras asociadas a la táser) que la jueza incorporó a la causa.

Su hermano Nasser subraya que las imágenes muestran una evidencia. “Puedo comprar la subjetividad en la causa de la muerte, aunque cualquiera con dos dedos de frente ve lo que hay y sabe a qué se debe. Pero la falsificación documental [en el atestado] y la desproporción usando táser cuando mi hermano estaba reducido son cosas objetivas que no se pueden refutar”.