La situación de la asociación APROSDECO en Dénia continúa siendo crítica. A fecha de 10 de abril de 2026, la entidad acumula ya seis meses sin recibir los pagos correspondientes por parte de la Conselleria de Servicios Sociales, una circunstancia que afecta directamente a la plantilla y a la viabilidad de sus servicios en la Marina Alta.

Los trabajadores del centro ocupacional y de día de La Xara, así como de las viviendas tuteladas, solo han podido cobrar parcialmente sus nóminas —en torno al 50%— gracias a las aportaciones económicas de las familias de los usuarios.

La crisis se ha agravado pese a las promesas de la administración. El pasado 24 de marzo, la asociación denunció públicamente una deuda superior a los 510.000 euros por facturas pendientes desde octubre de 2025.

Como respuesta, el 26 de marzo, la Generalitat anunció que abonaría “de forma inmediata” las facturas y que la situación quedaría normalizada en abril, un compromiso que, a día 10 de abril, no se ha materializado.

Fuentes de la propia entidad han confirmado que los ingresos siguen sin llegar, lo que prolonga la asfixia económica de APROSDECO. Esta falta de liquidez mantiene a los trabajadores cobrando solo una parte de sus salarios y pone en riesgo la continuidad de los recursos asistenciales para las 93 personas con discapacidad intelectual a las que atienden.

Uno de los aspectos más llamativos de la crisis es el papel que han asumido las familias de los usuarios.

Ante el bloqueo de la financiación pública, son ellas quienes están sosteniendo parcialmente el servicio con sus propias aportaciones económicas, un hecho que desde la entidad califican como un ejemplo de solidaridad, pero también como una evidencia del colapso del sistema de financiación.

Desde APROSDECO ya se advirtió en su momento que “La inclusión social no puede quedarse en el discurso político” y que esta pasa por garantizar la estabilidad económica de los centros. La situación actual, en la que un servicio esencial depende del esfuerzo privado, evidencia la creciente presión sobre las familias y la plantilla.

El problema, además, no es nuevo.

La entidad arrastra antecedentes de impagos en años anteriores, lo que refuerza la sensación de una inestabilidad estructural en la financiación de estos servicios. Seis meses después del inicio de la deuda actual, la crisis no solo persiste, sino que cuestiona la capacidad de respuesta de la administración y su modelo de financiación para los servicios a personas con discapacidad.