La jueza de Catarroja que instruye la macrocausa de la dana ha emitido un auto en el que advierte de las graves consecuencias que tendrá para el procedimiento la decisión de la Generalitat de suprimir los refuerzos de personal. Según la magistrada, esta medida supondrá “inevitablemente una gran dilación en la instrucción” de una causa ya de por sí compleja.

En el auto, con fecha de este mismo lunes, la titular del juzgado asegura haber recibido una resolución de la directora general de Justicia y Autogobierno que acuerda la supresión de cuatro de los cinco puestos de funcionarios asignados a la causa.

La medida se hará efectiva el 30 de junio de 2026, fecha en la que el personal afectado deberá haber disfrutado de sus vacaciones, lo que acelera su salida.

La jueza subraya que la letrada de la administración de justicia y las funcionarias cuyo puesto se suprime están trabajando en esta causa desde marzo de 2025, “por lo que son conocedoras del procedimiento, funcionando como un equipo”. Su marcha, unida a que todavía quedan pendientes al menos 109 testificales, hace que la “eliminación prácticamente total de medios personales” afecte de lleno a la investigación.

Ante esta reducción de personal, la magistrada ha tenido que tomar medidas.

Ha acordado que, a partir del 30 de junio, se facilitarán a las partes las grabaciones de las declaraciones, pero “sin que sea necesaria la transcripción” que se venía realizando hasta ahora para agilizar el proceso.

Esta decisión contrasta con el criterio aplicado desde abril de 2025, cuando se acordó transcribir las declaraciones para “preservar su imagen, y en definitiva su privacidad”, dado el elevado número de partes personadas. La instructora también critica la insuficiencia de los medios técnicos: “Los equipos de Arconte y el número de las salas existentes en la sede de este partido judicial son claramente insuficientes para atender de forma debida, y con la necesaria celeridad, una causa tan compleja como la de la dana”.

Horas antes de conocerse el auto, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez-Llorca, se ha referido al asunto, afirmando que “no se le han quitado medios” al juzgado.

Según ha explicado, lo que ocurre es que “aquellos puestos que estaban ocupados por personal temporal pasarán a ser ocupados por personal fijo”, en el marco de un acuerdo de la Conselleria de Justicia con entidades sociales.

El president ha admitido que este proceso laboral “ha generado un impás” entre la salida del personal temporal y la entrada de los funcionarios definitivos, algo que considera necesario porque “los plazos que marcan las leyes hay que cumplirlos”. Asimismo, ha destacado que “lo importante” es que el juzgado de Catarroja “siempre ha tenido todos los recursos que ha pedido”.

Pérez-Llorca ha concluido mostrando su interés “en que se resuelva cuanto antes, como cualquier otro valenciano o valenciana” y ha insistido en su mensaje de tranquilidad.

“Lo importante es que esos medios los van a seguir teniendo”, ha finalizado.