Protección para el conjunto minero de La Pobrecita en Cartagena
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La Comunidad Autónoma ha dado inicio al proceso para declarar el conjunto minero de La Pobrecita, ubicado en el Estrecho de San Ginés, Cartagena, como bien catalogado por su relevancia cultural. Esta medida tiene como objetivo principal asegurar la protección de este enclave histórico y prevenir su continuo deterioro.
Esta decisión responde a una solicitud formal presentada en abril de 2025 por la Fundación Sierra Minera.
Si bien el complejo forma parte del entorno de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, ya reconocida como Bien de Interés Cultural, La Pobrecita no contaba con protección específica hasta ahora, lo que la exponía a un mayor riesgo de abandono y posible desaparición.
Un testimonio de la evolución minera
El conjunto minero preserva elementos fundamentales de la actividad minera tradicional, entre los que destacan el pozo maestro, la casa de máquinas y vestigios de un antiguo malacate. Estas estructuras son cruciales para comprender la evolución de la minería, desde los sistemas manuales y de tracción animal hasta la implementación de la mecanización.
Esto convierte a La Pobrecita en uno de los pocos ejemplos donde se pueden observar vestigios de diferentes fases tecnológicas coexistiendo en un mismo lugar.
Valor paisajístico y potencial turístico
La mina se encuentra en una ubicación estratégica, visible tanto desde la carretera RM-F43 como desde la línea de tren Cartagena-Los Nietos. Esta visibilidad la convierte en un punto de referencia paisajístico con un considerable potencial para ser integrada en rutas culturales y turísticas.
Su cercanía al núcleo urbano también refuerza su valor como recurso patrimonial y educativo.
Estado de conservación y medidas de protección
Según la documentación existente, algunas estructuras del complejo, como el pozo y la plataforma, presentan un estado de conservación aceptable. No obstante, otras áreas, como la casa de máquinas, muestran un deterioro parcial y requieren una intervención para evitar su degradación completa.
La incoación del expediente implica la aplicación inmediata de medidas de protección cautelar.
A partir de este momento, cualquier actuación que se pretenda realizar en el entorno deberá contar con la autorización administrativa previa. Se ha establecido un plazo máximo de veinte meses para la resolución del procedimiento.
