El Departament de Salut ha anunciado que cede a la presión y dará marcha atrás. La próxima semana retirará la prueba piloto sobre la gestión de las incapacidades temporales que había puesto en marcha. Esta medida, que ha estado envuelta en una intensa polémica, contemplaba incentivos económicos para los centros de atención primaria (CAP) que consiguieran acortar la duración de las bajas laborales de sus pacientes. El objetivo declarado era resolver más rápidamente el diagnóstico, pero la iniciativa ha sido duramente criticada por sindicatos y parte del arco parlamentario.

La decisión de la conselleria que dirige Olga Pané llega después de que diversas voces alertaran de que el planteamiento podía condicionar el criterio de los profesionales sanitarios.

La controversia escaló a nivel político, hasta el punto de que En Comú Podem, socio externo clave para el Govern, amenazó con condicionar su apoyo a los presupuestos de la Generalitat a la retirada del plan. La presión ejercida ha resultado finalmente decisiva para que Salut reconsidere su postura y anule la aplicación de estos indicadores.

La presidenta del grupo parlamentario de En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha celebrado la rectificación del Govern. En su intervención, ha destacado la importancia de que las decisiones médicas no estén influenciadas por factores económicos. “Por fin reconocen que estaban negando la realidad.

Las bajas laborales solo han de responder a criterios médicos”, ha afirmado con contundencia Albiach, resumiendo el sentir de quienes se oponían al plan.

Por su parte, el Govern había defendido la medida argumentando que el objetivo principal era evitar situaciones de largos periodos de espera para obtener un diagnóstico, como los cinco meses que puede demorar en algunos casos no graves. Desde la conselleria se insistía en que la concesión de las incapacidades temporales “se otorgarían siempre bajo criterio médico”. Fuentes de Salud también han querido subrayar que “en ningún momento se dio la instrucción” de que los incentivos se destinaran a la parte variable del sueldo de los médicos.

Desde los sindicatos médicos, la noticia ha sido recibida de forma “positiva”, aunque con cautela. En declaraciones al programa “Migdia COPE a Catalunya i Andorra”, la secretaria de acción sindical de Metges de Catalunya, Lourdes Franco, ha expresado su temor a que el Govern intente reintroducir la medida “de una forma encubierta en otro lugar”.

La representante sindical ha sido muy crítica con el planteamiento de la conselleria, que vinculaba directamente la financiación de los CAP con la duración de las bajas de los pacientes.

Franco ha calificado como “una falacia” el argumento de que se podía acortar el tiempo de diagnóstico sin una mejora estructural. “Si no se mejoran las listas de espera de las pruebas complementarias, evidentemente no se puede acortar el diagnóstico”, ha señalado. Según la portavoz de Metges de Catalunya, el sistema de incentivos obligaba en la práctica a “dar el alta a personas que, o bien no tenían el diagnóstico, o que aun teniéndolo no estaban recuperadas del todo”, para poder cumplir con los indicadores establecidos por la administración.

La secretaria de acción sindical ha insistido en que los periodos de incapacidad temporal “se han de individualizar”, ya que no todos los pacientes afrontan “las mismas condiciones laborales ni las mismas condiciones de vida”. Esta individualización es especialmente relevante en los procesos relacionados con la salud mental y las dolencias osteomusculares, que eran precisamente las áreas incluidas en los ítems para recibir los incentivos.

Para Franco, el error de fondo ha sido vincular la economía con el diagnóstico, lo que considera “una mala función”.

En su análisis, el problema real es de “organización global del sistema sanitario”. “Si queremos mejorar esta cuestión, lo que hemos de hacer es dotar correctamente de profesionales a la atención primaria, dotarla de financiación y poder tener acceso a las pruebas complementarias y a los tratamientos de una forma ágil”, ha explicado. Esto, según ella, implica también reforzar con profesionales el “segundo nivel” asistencial para que todo el sistema funcione de manera cohesionada y eficiente.

Lourdes Franco ha lamentado la tendencia a “culpabilizar a los médicos” de la duración de las bajas, calificando esta actitud por parte de los políticos como “mala praxis”. “Da a pensar que lo hacemos por gusto”, ha ironizado, antes de afirmar que los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social no respaldan la idea de que las bajas se estén alargando injustificadamente.

“Lo único que se constata es una mala organización y una voluntad de culpabilizar a los profesionales, y al final siempre acaban pagando los mismos, que es la población”, ha concluido.