Fiscalía española investiga a CAF por su participación en el tren de Jerusalén que conecta asentamientos ilegales
Foto: Archivo – Todos los derechos reservados
La Fiscalía española está estudiando una denuncia presentada contra el Consejo de Administración de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), una empresa vasca, y contra los directivos de seis de sus filiales. La denuncia alega la “implicación estructural” de CAF en la construcción, operación y mantenimiento del Tren Ligero de Jerusalén, una infraestructura que conecta asentamientos israelíes ilegales en Jerusalén Este entre sí y con la parte occidental de la ciudad.
La denuncia fue presentada por una coalición de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo NOVACT, la Comunitat Palestinade Catalunya, el Comitè de Solidaridad con la Causa Àrabe, ODESCA, Paz con Dignidad y SUDS. Estas organizaciones están representadas por el Centro Guernica 37.
El Tren Ligero como instrumento de “apartheid y anexión”
Según la denuncia, CAF participa desde 2019 en el desarrollo del proyecto del Tren Ligero, jugando un papel que va “mucho más allá” de una simple colaboración. La empresa vasca se encarga de ampliar la Línea Roja, construir la Línea Verde, suministrar y renovar trenes, y desplegar sistemas de señalización, energía y comunicaciones.
Además, CAF opera y mantiene ambas líneas a través de una empresa conjunta en la que posee el 50% de participación, con contratos de entre 15 y 25 años.
Tanto CAF como su socia en el proyecto, la empresa israelí Shapir, están incluidas en la lista elaborada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde figuran empresas que contribuyen y se benefician de las violaciones de derechos contra la población palestina y de la ocupación ilegal israelí. Los denunciantes señalan que Shapir ha desempeñado un papel central en el desarrollo y la operación del Tren Ligero de Jerusalén.
La denuncia destaca que la participación de CAF es “estructural e indispensable” para el funcionamiento y la expansión del sistema de tranvía. La infraestructura en la que participa CAF conecta asentamientos israelíes en Jerusalén Este entre sí y con el área occidental de la ciudad.
En septiembre de 2025 CAF fue incluida en la base de datos de Naciones Unidas de empresas vinculadas a actividades en los asentamientos ilegales de Israel.
Jerusalén Este es territorio palestino ocupado ilegalmente por Israel, según la Corte Internacional de Justicia. Varias resoluciones de la ONU exigen el fin de esta ocupación desde 1967. La denuncia alega que las actividades de CAF en relación con el tren ligero de Jerusalén contribuyen a la anexión ilegal por Israel de Jerusalén Este, al mantenimiento y expansión de los asentamientos ilegales israelíes, y a prácticas discriminatorias contra la población palestina.
Además, la conexión a través del tren ligero de varios asentamientos ilegales entre sí y con Jerusalén Oeste fragmenta los barrios palestinos y refuerza el crecimiento de esta parte de la Ciudad Santa hacia el área ocupada.
En junio, 83 organizaciones de 26 países denunciaron que CAF es un “importante facilitador” de la ocupación ilegal israelí al contribuir a la conexión que une Jerusalén con asentamientos ilegales, y pidieron a los gobiernos que no otorguen contratos a empresas implicadas en la ocupación.
Base jurídica en España
La denuncia ante la Fiscalía española argumenta que la actuación de CAF podría encajar en distintos preceptos del Código Penal español relativos a crímenes contra personas protegidas en conflictos armados, incluyendo conductas relacionadas con el traslado de población civil de una potencia ocupante al territorio ocupado, el mantenimiento de prácticas discriminatorias y la vulneración de la Cuarta Convención de Ginebra.
Las organizaciones denunciantes subrayan que España tiene jurisdicción en este caso, ya que CAF es una empresa con sede en el Estado español, sus órganos de decisión están sujetos a la legislación española y los directivos denunciados poseen nacionalidad española.
A su juicio, “esto sitúa también en el centro la responsabilidad de las autoridades españolas a la hora de actuar ante posibles vulneraciones del derecho internacional humanitario y de investigar los delitos a los que se contribuye mediante las empresas españolas”.
Los denunciantes recuerdan que su denuncia llega tras años de advertencias sobre los riesgos legales y reputacionales del proyecto del tren ligero de CAF. La Fiscalía General del Estado estudia ahora la denuncia y ha confirmado su recepción. Las organizaciones denunciantes instan “al Ministerio Fiscal a investigar los hechos y a determinar las posibles responsabilidades penales” cometidas en el marco de las actividades de una empresa española.
La relatora de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados Palestinos menciona a CAF en su informe titulado ‘De la economía de la ocupación a la economía del genocidio’.
En julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia pidió a los Estados miembros de la ONU “suspender relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la situación de los Territorios Ocupados Palestinos”.
Por su parte, la relatora de Naciones Unidas para Palestina ha solicitado a los Estados, en varios informes, que suspendan sus relaciones económicas, comerciales y de inversión con Israel y ha mencionado específicamente a la empresa CAF en su investigación titulada ‘De la economía de la ocupación a la economía del genocidio’.
Los integrantes de la Comisión de Investigación independiente asignada por la ONU han indicado que “los países deben suspender cualquier relación o transacción que contribuya a la ocupación israelí”. Amnistía Internacional ha pedido a todos los Estados, instituciones públicas y empresas que usen su influencia para detener la prestación de bienes y servicios por parte de CAF a la red del tranvía ligero.
