
Supresión de ciclos de FP para alumnos con dificultades genera protestas en Andalucía
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La posible supresión de ciclos de Formación Profesional de grado básico dirigidos a estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) ha generado preocupación y movilizaciones en toda Andalucía. Familias y profesorado temen que esta medida, que el Gobierno andaluz prevé implementar, cierre oportunidades cruciales para la inserción laboral de estos jóvenes.
Esteban Gómez, padre de un alumno con autismo, resume la incertidumbre que embarga a muchas familias. Los ciclos específicos de FP representan, para muchos estudiantes con dificultades, la “única puerta” para acceder al mercado laboral. La eliminación de estos ciclos podría truncar la trayectoria educativa de muchos jóvenes que no han terminado la ESO.
María del Mar Yáñez, madre de Rodrigo, un joven de 17 años, comparte el mismo temor. Su hijo, después de haber enfrentado dificultades en la educación secundaria, encontró motivación y realización en un ciclo de Administración. Ahora, teme que los planes de la Junta lo dejen “fuera del sistema y cortándole su futuro”.
Reorganización que genera controversia
La medida, que se espera se concrete antes del 15 de junio, ha encendido las alarmas en la comunidad educativa. Se advierte que podría dejar sin alternativas reales a un alumnado especialmente vulnerable. En respuesta, se ha iniciado una recogida de firmas y se han convocado movilizaciones en toda Andalucía.
La Junta de Andalucía argumenta que esta “reorganización” responde a que un alto porcentaje de estos alumnos no ha promocionado ni superado el currículo. Como alternativa, proponen derivar a este alumnado a programas de transición para la vida adulta (PTVAL) o integrarlos en ciclos ordinarios, “favoreciendo la inclusión”.
Sin embargo, las familias y el profesorado no están convencidos. Argumentan que el PTVAL no está orientado a la inserción laboral y que en la FP ordinaria no existen los recursos necesarios para atender las necesidades específicas de estos alumnos. Temen que esto conduzca a la frustración, al fracaso escolar y al abandono de la escolarización.
¿Inclusión o discriminación?
El profesorado también cuestiona la reorganización propuesta. Montse Cano, profesora de pedagogía terapéutica, defiende que los programas específicos de FP funcionan y permiten formar al alumnado en oficios con posibilidades reales de inserción laboral. Denuncia que la falta de recursos en los ciclos ordinarios impide realizar adaptaciones curriculares individualizadas, lo que podría derivar en abandono escolar o incluso acoso.
Nacho Quesada, profesor del Grado Básico de Cocina y Restauración, coincide en que la eliminación de estos ciclos les quita a los alumnos la posibilidad de trabajar en el futuro. Califica la decisión de la Junta como “una forma de discriminación”, ya que los programas alternativos no ofrecen la misma cualificación profesional.
Las familias reivindican que se les brinde a sus hijos la oportunidad de desarrollarse como personas y que no se les confine a programas de transición a la vida adulta, ya que la vida adulta implica trabajar. Consideran que esta opción constituye un puente entre la educación obligatoria y el mundo laboral, además de una vía para continuar en el sistema educativo hasta los 21 años.
Movilizaciones en Andalucía
Mientras la Junta ultima la oferta formativa para el curso 2026-27, la comunidad educativa continúa movilizándose. Se han convocado actos de protesta en varias provincias andaluzas, con el objetivo de visibilizar su realidad: “La inclusión real no consiste en integrar sin recursos, sino en garantizar que cada estudiante reciba los apoyos que necesita para desarrollarse académica, social y emocionalmente”.
Se ha convocado una concentración frente al Palacio de San Telmo el próximo 30 de abril, con el objetivo de que las autoridades escuchen sus demandas. Las familias temen que la medida deje sin respuesta educativa a un alumnado especialmente vulnerable. “La incorporación de este alumnado a grupos ordinarios, sin los apoyos y adaptaciones que requieren, no solo no favorece la inclusión, sino que incrementa su vulnerabilidad”, advierten.













