Baleares ha alcanzado una cifra récord con más de 101.000 autónomos, consolidando un crecimiento del 2,2% en el último año, muy por encima de la media nacional (1,2%). Sin embargo, este dato convive con una realidad marcada por la incertidumbre.

Según la presidenta de la asociación de autónomos ATA Baleares, Magdalena Comas, el colectivo vive con “miedo” ante un panorama de costes crecientes y trabas administrativas que ahogan a muchos negocios.

Por primera vez, la inflación se ha situado como el principal problema para los trabajadores por cuenta propia, superando a la tradicional preocupación por la presión fiscal, según el último barómetro de ATA. “El 65% estima que van a seguir subiendo los costes y los gastos en su empresa”, ha explicado Comas.

Esta situación lleva a los autónomos a reclamar con urgencia medidas que garanticen su liquidez, como la extensión del IVA para aquellos que facturen menos de 85.000 euros, una directiva europea que España está obligada a aplicar antes del 1 de enero de 2025.

La falta de facilidades para consolidar los proyectos es una de las grandes barreras. Las cifras muestran una cruda realidad: “El 60% no llega a los 5 años”, ha lamentado la presidenta de ATA.

A esto se suma una burocracia que consume una media de 200 horas al año por trabajador. La demanda de una simplificación administrativa es constante, al igual que la necesidad de equiparar derechos con los asalariados, como la prestación por cese de actividad, que actualmente “no se le concede al 60%” de quienes la solicitan.

Comas ha calificado de “sablazo” la reciente subida de cuotas para los autónomos colaboradores y societarios.

Esta medida afecta a un colectivo especialmente vulnerable, como los familiares que trabajan en un negocio. “Un colaborador es una persona que trabaja en la empresa familiar, que vive en la residencia del autónomo principal, que ahora va a pagar la cuota más elevada que el principal autónomo de la empresa”, ha denunciado.

La consecuencia directa de este cambio es que “el colaborador va a pagar más que el autónomo principal”, una situación que Comas no duda en calificar como un posible “error u omisión”.

En Baleares, la medida afectará a 35.000 personas, de las cuales un 70% son mujeres del ámbito rural. La regularización, que llegará a finales de 2027, supondrá para ellos un sobrecoste de 1.620 euros anuales.

Otro de los grandes problemas que afronta el sector es la falta de relevo generacional, que provoca el cierre de negocios viables.

A su vez, existe un “miedo a contratar a más personal” debido a la elevada presión fiscal y las complicaciones en caso de despido. Esto ha generado una peligrosa tendencia: mientras las grandes empresas crecen en personal, el empleo disminuye en las pequeñas, aquellas que tienen de uno a tres trabajadores.

Aunque en Baleares existen ayudas como la cuota cero para nuevos emprendedores, Comas insiste en que no es suficiente.

La estacionalidad y la insularidad son factores que agravan los sobrecostes, por lo que es vital que la administración escuche la “voz real” del colectivo y ponga en marcha “medidas urgentes” que ofrezcan una mayor protección social y seguridad jurídica.

A pesar de todo Comas  destaca que el 26% de los autónomos son extranjeros “vienen a las islas a emprender”.