El futuro de la Cruz de los Caídos de Cáceres vuelve a estar en el centro del debate político. La tramitación para declararla Bien de Interés Cultural (BIC) es una de las 74 medidas incluidas en el acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Extremadura, con el objetivo de blindar el monumento y evitar su traslado en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

Desde el ejecutivo local, el portavoz Ángel Orgaz evita pronunciarse y se remite a la decisión del gobierno regional de María Guardiola.

La medida ha sido celebrada por la asociación Salvemos la Cruz de los Caídos, cuya presidenta, María Isabel González, pide celeridad al consistorio. La asociación ya se ha reunido con representantes municipales para solicitar que se modifique el catálogo de bienes protegidos de la ciudad y se elimine la anotación que la define como un “bien trasladable”.

“Nos parece muy bien que desde la Junta se quiera proteger la cruz. Ahora le toca también al ayuntamiento mover fichas”, ha señalado González.

En el lado opuesto se encuentra la Asociación de Memoria Histórica de Cáceres (AMECECA).

Su presidenta, María Jesús Criado, insiste en que el monumento tiene un origen franquista y que seguirán defendiendo su retirada, amparándose en la ley estatal. Criado acusa a los defensores de la permanencia de la cruz de “abrir permanentemente las heridas y en confrontar”.

Actualmente, la Cruz de los Caídos de Cáceres ya es un bien protegido en el ámbito municipal, aunque esta figura no impide su traslado.

El monumento se levantó en homenaje al bando vencedor de la Guerra Civil, pero a mediados de la década de los 70 se suprimieron sus inscripciones originales para pasar a ser un recuerdo en homenaje a todos los caídos en las guerras.