La fundación Red Íncola de Valladolid se encuentra desbordada ante el nuevo proceso de regularización de extranjeros. La entidad asesora a cientos de personas a través de charlas informativas y acompañamiento personalizado, un proceso que su coordinadora general, Maru González, ha descrito en COPE como un momento de “mucha alegría y mucha esperanza”, aunque también de “un poco de agobio”.

Tres días a la semana, unas 80 personas acuden a sus instalaciones para resolver dudas sobre un procedimiento que puede cambiar sus vidas.

El objetivo es que las personas en situación irregular “dejen de estar siendo invisibles, siendo vulnerables, y van a poder firmar cosas como un contrato de un arrendamiento y, sobre todo, de trabajo, que es lo fundamental, es lo que necesitan”, explica González. La noticia ha sido recibida como una oportunidad para que miles de personas puedan acceder a un empleo y a una vida digna, dejando atrás la precariedad.

Este proceso está diseñado para personas que se encuentran en situación administrativa irregular y llegaron a España antes del 1 de enero de 2026.

Los solicitantes deben acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses en el momento de la solicitud y carecer de antecedentes penales. Desde Red Íncola, llevan dos meses preparando la documentación necesaria, como certificados de asistencia a cursos y citas, para facilitar los trámites a los interesados.

Uno de los documentos clave es el informe de vulnerabilidad.

Red Íncola, como entidad colaboradora del ministerio, emite estos informes que certifican la situación de vulnerabilidad de una persona, a menudo por no tener acceso a un empleo legal. Sin embargo, no todos lo necesitan: quedan exentas las personas con una oferta de trabajo, las que ya han trabajado en España o las que tienen hijos menores a su cargo.

La avalancha de solicitudes ha desbordado a la organización.

“Aquí estamos desbordados, porque este informe de vulnerabilidad no es nuestra labor hacerlos, nosotros podemos apoyar, pero entendemos que es, sobre todo, labor de la administración”, lamenta González. La coordinadora pide más apoyo para el tercer sector, que se siente “un poco perdido” ante la rapidez del proceso.

Con un equipo de 28 trabajadores y casi 300 voluntarios semanales, Red Íncola ha creado un “equipito de regularización” para hacer frente a la demanda, pero sin dejar de lado su trabajo diario.

Esta labor adicional, subraya González, “no está pagada”, lo que añade presión a la entidad. La situación genera frustración al no poder atender a todos los que llegan, con colas de hasta 30 personas desde las 7:30 de la mañana.

El perfil de las personas que acuden es variado, desde familias y mujeres hasta jóvenes que llegan solos.

En el último año, la mayoría de los atendidos procedían de Colombia, Marruecos y Venezuela. La organización abre cada año unos 3000 nuevos expedientes de personas que buscan un futuro mejor y se topan con barreras como la imposibilidad de trabajar o de homologar su formación.

De cara al futuro, la entidad espera que la afluencia inicial disminuya, aunque prevén que los casos más complejos seguirán llegando.

Por ello, priorizan la atención a las personas que ya forman parte de sus programas, “los de casa”, antes de abrirse a nuevas solicitudes, diferenciando su labor de la de abogados o gestores que, aunque tramitan la solicitud, “no emiten certificados de vulnerabilidad”.