La comunidad universitaria de Madrid se moviliza contra la ley de universidades de Ayuso

La comunidad universitaria madrileña ha retomado las movilizaciones contra la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc), impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Tras una pausa navideña, las plataformas en defensa de la universidad pública preparan una serie de acciones para impedir la aprobación de esta ley.

Posibles acciones y recurso de inconstitucionalidad

Se prevén asambleas que culminarán el 14 de febrero con una reunión interuniversitaria para definir los próximos pasos. Entre las opciones que se barajan se encuentran movilizaciones, acciones en los campus e incluso una huelga, ya sea parcial o indefinida. La convocatoria de huelga del pasado mes de noviembre tuvo un gran impacto, paralizando los campus de la región.

Además, las plataformas universitarias están analizando minuciosamente la última versión del texto de la Lesuc. En caso de que la ley sea aprobada, tienen previsto presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Consideran que la ley vulnera la autonomía universitaria, la autonomía económica y financiera, destina recursos públicos a centros privados sin límite, perjudica la investigación, establece un distrito único de prácticas académicas y establece un régimen de supervisión represivo, además de vulnerar los derechos del personal y los estudiantes.

Oposición a la norma

La oposición a la Lesuc es amplia y abarca desde el alumnado hasta los seis rectores de las universidades públicas, quienes han manifestado públicamente que esta ley no es la que necesitan. Esta oposición logró que el Gobierno regional no aprobara la norma en diciembre, como pretendía inicialmente el consejero Emilio Viciana.

Aunque la Consejería de Educación no ha informado sobre los plazos previstos para la tramitación de la ley, las plataformas universitarias señalan que en los próximos días se celebrará una reunión de la Comisión de Planificación de la consejería, en la que participan representantes universitarios, de centros privados, alumnos y técnicos, con el objetivo de impulsar la norma.

Análisis jurídico y argumentos contra la Lesuc

Profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III han realizado un análisis exhaustivo de la última versión de la Lesuc y han concluido que existen argumentos sólidos para presentar un recurso de inconstitucionalidad si se aprueba en los términos actuales. Además, califican la redacción de la norma como “pésima”.

Este mismo grupo de profesores logró que el Gobierno regional eliminara de una versión anterior de la ley la creación de una Oficina de Control Económico que daba control sobre cada euro gastado en la universidad a los Consejos Sociales, organismos que consideran colonizados por el Ejecutivo de Ayuso con expolíticos del PP, empresarios y directivos de universidades privadas.

Sin embargo, consideran que esta corrección es insuficiente. En un documento de 36 folios, señalan que la Lesuc contiene un programa dirigido a anular la garantía constitucional de la autonomía universitaria y a ceder recursos materiales y humanos de las universidades públicas a los centros privados, lo que disminuirá el nivel de la investigación en los centros públicos.

El papel de los Consejos Sociales

Los expertos critican el papel que la Lesuc prevé para los Consejos Sociales, organismos de participación de la sociedad civil en la universidad. Sostienen que la ley los “reconfigura” para convertirlos en instrumentos de control económico de las universidades públicas madrileñas, lo que viola la ley orgánica universitaria. Señalan que en varias presidencias de estos consejos la Comunidad de Madrid ha nombrado a personalidades provenientes del entorno del Partido Popular, de diversas patronales e incluso del entorno de centros universitarios privados, lo que compromete su labor.

Ataque a la autonomía universitaria y transferencia de patrimonio

El documento de análisis jurídico sostiene que la Lesuc es un ataque estructural a la autonomía universitaria, un derecho fundamental constitucional. Consideran que la norma vulnera la autonomía económica y financiera reconocida en la Ley Orgánica de Universidades (LOSU) mediante controles externos, multiplicación de informes e injerencias que destruyen la rendición de cuentas establecida por las universidades.

A pesar de que la Consejería eliminó la Oficina de Control Económico, los expertos señalan que todavía se atribuyen al Consejo Social competencias que no le corresponden, lo que choca frontalmente con la autonomía universitaria.

Además, critican que el anteproyecto contempla la cesión de los recursos de las universidades públicas a las privadas a voluntad de estas. Consideran que todo el texto de la Lesuc muestra un deseo de compartir los recursos de las universidades públicas en favor de las privadas, a través de la colaboración institucional y público-privada.

Advierten que esta colaboración podría llevar a la puesta a disposición de aulas, auditorios, laboratorios y otras instalaciones de las universidades públicas a las privadas, lo que sería unidireccional, ya que las universidades privadas no cuentan con los mismos recursos.

Represión y derechos

Otro de los aspectos más criticados de la Lesuc es la creación de un distrito único de prácticas universitarias, que consideran un desapoderamiento de una parte sustancial de la programación docente de las universidades, sometiéndola al dominio de la Administración autonómica. En el caso de Medicina, advierten que la Comunidad de Madrid se apoderaría de las plazas de los hospitales públicos madrileños, determinando cuántas plazas de prácticas se ofertan y cuántas se dan a las universidades privadas.

Además, señalan que en este último caso, mayoritariamente profesores de la universidad pública impartirán la enseñanza a los alumnos de las universidades privadas, beneficiándose estas de lo que no tienen en sus centros: profesores de calidad reconocida.

La norma contempla la creación de una Comisión del distrito único de prácticas que estará compuesta por cargos políticos de la Comunidad de Madrid, empresarios, representantes de enseñanzas superiores no universitarias, un miembro de centros superiores de enseñanzas artísticas, los seis rectores de las universidades públicas madrileñas y un estudiante.

Los juristas concluyen que el ejercicio de la docencia universitaria queda alejado de la universidad y su propia estructura es decidida por no universitarios y representantes del poder político, equiparando universidades públicas y privadas y poniendo a disposición de los negocios privados las estructuras de gestión públicas.

Por último, las plataformas en defensa de las universidades públicas han denunciado el carácter represivo de la ley respecto a las manifestaciones o protestas en los campus. Aunque la última versión se ha rebajado respecto a la primera, el texto aún mantiene multas de hasta 100.000 euros por realizar escraches, por ejemplo, y deja en manos del Consejero de Educación la imposición de las sanciones calificadas como graves.

Las plataformas consideran que se trata de un régimen de supervisión represivo que vulnera la autonomía estatutaria de las universidades y que es desproporcionado, invasor de competencias penales y autoritario.