ALVISE PÉREZ, ENTRE LA CAMPAÑA ARAGONESA Y LOS TRIBUNALES

ALVISE PÉREZ, ENTRE LA CAMPAÑA ARAGONESA Y LOS TRIBUNALES
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ALVISE PÉREZ, ENTRE LA CAMPAÑA ARAGONESA Y LOS TRIBUNALES

El eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, líder del partido Se Acabó La Fiesta (SALF), se enfrenta a una situación judicial compleja mientras su formación política intenta ganar terreno en el ámbito nacional. Este lunes, Pérez deberá comparecer ante el Tribunal Supremo en calidad de imputado por presunto acoso y hostigamiento contra sus propios eurodiputados. Este es solo uno de los cuatro frentes penales que tiene abiertos, coincidiendo con el inicio de la campaña para las elecciones aragonesas, donde las encuestas no le otorgan representación parlamentaria.

Inicio de campaña polémico en Aragón

El agitador de extrema derecha inauguró su campaña en Aragón junto a la candidata Cristina Falcón con un acto simbólico: la destrucción, con un martillo, de un muro donde estaban pegadas fotos de figuras políticas como Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y Pilar Alegría.

Acusaciones internas y citación judicial

En medio de esta campaña electoral, Alvise Pérez tendrá que viajar a Madrid para declarar ante el juez Manuel Marchena. La acusación se centra en la gestión interna de su partido, ya que sus dos eurodiputados, Diego Solier y Nora Junco, lo acusan de promover el acoso y hostigamiento contra ellos a través de su canal de Telegram.

Solier y Junco ya han testificado ante el Supremo, ratificando sus acusaciones. No obstante, fuentes cercanas al caso señalan que la Fiscalía renunció a interrogar a Junco tras el primer interrogatorio a Solier. Este caso pone de manifiesto la desintegración interna de SALF, una plataforma electoral creada rápidamente para las elecciones europeas y que ahora busca expandirse a la política autonómica en Aragón.

Disputas internas y acusaciones públicas

Menos de un año después de las elecciones europeas, Alvise Pérez insinuó públicamente que sus eurodiputados podrían haber sido comprados por el lobby armamentístico para votar de cierta manera sobre el rearme. Estas acusaciones llevaron a Solier y Junco a abandonar el partido y denunciarlo ante el Tribunal Supremo.

Estrategia mediática y desafíos legales

Se espera que Alvise Pérez solicite el archivo de la causa en su contra. A pesar de las dificultades que supone una citación judicial en plena campaña, Pérez parece utilizarla como una plataforma para visibilizarse. En anteriores comparecencias, ha criticado a los medios de comunicación, acusándolos de ser “parásitos” y “criminales de la mafia de la información”, una estrategia similar a la empleada por Vox en el pasado.

Financiación ilegal y otras acusaciones

La acusación más grave que enfrenta Alvise Pérez es la de financiación ilegal. Según informaciones, Pérez mantuvo conversaciones con Álvaro Romillo, conocido como ‘Luis CryptoSpain’, para impulsar su candidatura a las elecciones europeas. Un día antes del inicio de la campaña, Pérez habría recibido 100.000 euros en efectivo de Romillo, lo que ha dado lugar a una investigación por parte del Tribunal Supremo.

Pérez ha admitido haber recibido el dinero, pero argumenta que se trató de un pago por servicios prestados a Romillo y que utilizó el dinero para “capitalizarse a nivel personal” y poder sortear su sueldo, una de sus promesas electorales.

Acoso en redes sociales y otras causas

Además de la financiación ilegal, Alvise Pérez enfrenta acusaciones por el acoso que promueve a través de su canal de Telegram contra sus rivales políticos. Ha sido imputado por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa y por promover un acoso similar contra la fiscal valenciana Susana Gisbert.

Causas desestimadas y condenas civiles

El Supremo ha rechazado imputar a Pérez por su papel en las protestas de la calle Ferraz en Madrid, así como por incitar al odio y difundir bulos racistas. Tampoco prosperó la acusación por difundir una fotografía de una de las hijas de Pedro Sánchez.

En el ámbito civil, Alvise Pérez acumula varias condenas, algunas ya firmes, como los 7.000 euros que debe pagar a la periodista Ana Pastor. También tiene condenas pendientes de ratificación, como las indemnizaciones para Manuela Carmena (5.000 euros) y José Luis Ábalos (80.000 euros).