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La gestión ambiental en Castilla y León bajo la lupa al final de la legislatura
La gestión ambiental en Castilla y León se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno de Mañueco al final de la legislatura, acumulando escándalos políticos, protestas y vastas áreas calcinadas. El operativo antiincendios, particularmente, ha sido objeto de críticas y judicialización.
Un balance sombrío: el peor año de incendios
Castilla y León se prepara para un nuevo ciclo electoral, con comicios autonómicos que pondrán a prueba la fortaleza del actual presidente del Ejecutivo. Su segunda legislatura, marcada por una coalición con Vox, ha estado plagada de desafíos en materia de Medio Ambiente. Los incendios de 2022 y 2025, considerados los más graves de la historia reciente, han generado conflictos con los sindicatos y presiones de la oposición para un cambio de estrategia. Además, se ha señalado la falta de personal para atender denuncias ambientales.
Entre las controversias más recientes destaca la participación de un alto cargo en una empresa familiar, a pesar de incompatibilidades, y la anulación judicial de parte de la orden de guardias del operativo de prevención y extinción de incendios forestales.
La Consejería de Medio Ambiente, con un presupuesto considerable, gestiona el patrimonio natural, el sector forestal, la caza, la pesca, la biodiversidad, el cambio climático, la vivienda, el urbanismo y la ordenación del territorio. A pesar de ello, durante la coalición con Vox, se suavizó el discurso sobre el cambio climático y se eliminaron referencias a la Agenda 2030 en la Estrategia de Educación Ambiental.
Presión sobre Suárez-Quiñones
Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero del área, ha resistido la presión política, social y mediática por la gestión de los incendios en 2022 y 2025, que dejaron un saldo trágico de fallecidos y miles de hectáreas quemadas. Su futuro político es incierto, con interrogantes sobre su posible candidatura a las Cortes autonómicas.
Suárez-Quiñones ha enfrentado críticas por la designación de su hijo en un puesto directivo en una empresa que autorizó un macrovertedero, y por audios relacionados con un empresario mediático. Las Cortes de Castilla y León llegaron a reprobar al consejero por su gestión forestal.
Sindicatos y organizaciones profesionales de extinción de incendios han solicitado su dimisión, junto con la del director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz.
La oposición forzó la comparecencia de Suárez-Quiñones y Arranz en las Cortes, evidenciando la debilidad del gobierno actual.
Críticas sindicales y frentes abiertos
Los trabajadores del sector reclaman un operativo moderno y operativo todo el año, pero la respuesta autonómica ha sido la implementación de decretos-ley no negociados con los sindicatos y rechazados por la cámara legislativa. A pesar de ello, se han convertido en fijos puestos de trabajo del operativo de incendios forestales.
Los sindicatos han intensificado su presión sobre el Ejecutivo, con denuncias ante la Inspección de Trabajo por incumplir la Ley de Bomberos Forestales y propuestas legislativas para reforzar a los Agentes Medioambientales.
Otro desafío para la Consejería es la paralización de numerosas denuncias medioambientales, que afecta la seguridad de los agentes y celadores que las interponen, debido a la falta de personal.
